“El 47% de los menores depende exclusivamente de la salud pública”
Foto: Alejandro Jones analizó las desigualdades en el acceso a la salud, la educación y los servicios básicos, y explicó cómo se distribuyen los recursos tributarios entre los distintos niveles del Estado.:
Especial para InfoSur
El economista Alejandro Jones, en diálogo con InfoSur Radio, que se emite por 106.1 Petroleros Jerárquicos, presentó un análisis de los indicadores sociales correspondientes al primer semestre de 2026 y profundizó en las características del sistema tributario argentino. Durante su habitual columna de economía, examinó las diferencias en el acceso a la vivienda, la salud, la educación y los servicios básicos, y explicó cómo se distribuye la recaudación entre la Nación, las provincias, los municipios y el sistema de seguridad social.
A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Jones advirtió sobre las dificultades que enfrentan los sectores de menores ingresos, especialmente en materia de cobertura médica y oportunidades educativas.
Uno de los indicadores que destacó fue el referido a niños y adolescentes: según las cifras expuestas durante la columna, el 47% de la población de hasta 17 años depende exclusivamente del sistema público de salud.
El economista sostuvo que estos datos deben analizarse junto con las condiciones de pobreza y la capacidad del Estado para sostener los servicios esenciales.
Vivienda: el 62% de los hogares es propietario
Jones comenzó su exposición con el régimen de tenencia de las viviendas.
Según los datos nacionales que presentó, el 62% de los hogares habita una vivienda propia, mientras que el 21% corresponde a inquilinos.
El resto se distribuye entre otras modalidades de ocupación, incluyendo situaciones en las que las personas son propietarias de la construcción, pero no del terreno.
El economista explicó que el dato de propiedad debe interpretarse considerando las diferencias culturales y económicas entre países.
Como ejemplo, mencionó que China registra una proporción de propietarios cercana al 80%, aunque aclaró que se trata de una sociedad con características muy diferentes de las argentinas.
También señaló que en otros países, como Estados Unidos, el alquiler puede responder a decisiones relacionadas con la movilidad laboral y las características del mercado inmobiliario.
Para Jones, el porcentaje de propietarios no resulta suficiente por sí solo para evaluar la situación habitacional: también es necesario observar su evolución y las condiciones de acceso a la vivienda.
Salud: cuatro de cada diez personas sin cobertura privada o de obra social
Uno de los temas que generó mayor preocupación durante la columna fue la cobertura sanitaria.
Jones señaló que, según las cifras nacionales que analizó, alrededor del 61% de la población cuenta con alguna cobertura de obra social, prepaga, mutual u otro sistema de atención.
El resto presenta distintas formas de dependencia del sistema público.
En la clasificación expuesta, aproximadamente un 18% corresponde a hogares que utilizan exclusivamente la atención pública, mientras que otro 21% presenta situaciones mixtas de cobertura entre sus integrantes.
El economista explicó que estas diferencias requieren una lectura cuidadosa, porque no todos los miembros de una familia necesariamente tienen las mismas condiciones de acceso.
También relacionó la pérdida de cobertura médica con las dificultades del mercado laboral.
Cuando una persona pierde su empleo registrado, puede conservar temporalmente determinadas prestaciones, pero posteriormente necesita encontrar otras alternativas para atender su salud.
En ese contexto, sostuvo que el aumento del desempleo y la informalidad puede incrementar la presión sobre los hospitales y centros de salud públicos.
Jones agregó que, en los relevamientos que viene preparando sobre Comodoro Rivadavia, observa señales de crecimiento de la demanda de atención pública.
La situación de los menores de 17 años
El economista dedicó especial atención a las diferencias de cobertura según las edades.
De acuerdo con los datos que presentó, entre los menores de 17 años el 53% cuenta con obra social u otra cobertura, mientras que el 47% utiliza exclusivamente el sistema público.
La situación cambia entre los adultos de 18 a 64 años, donde aproximadamente el 62% tiene cobertura y el 37% depende del sector público.
Entre las personas mayores de 65 años, la proporción que utiliza exclusivamente el sistema público desciende al 2%, debido principalmente a la presencia de coberturas vinculadas con los sistemas previsionales.
Jones consideró especialmente relevante el dato de niños y adolescentes por la importancia de garantizar una atención sanitaria adecuada durante las etapas de crecimiento.
También señaló que las diferencias de cobertura entre mujeres y varones son relativamente reducidas.
Según las cifras que mencionó, el 65% de las mujeres y el 63% de los varones cuentan con algún tipo de cobertura.
Educación: un tercio de los hogares presenta condiciones desfavorables
Otro de los indicadores analizados fue el denominado clima educativo del hogar, que permite caracterizar el nivel de formación de sus integrantes.
Jones explicó que los datos se organizan en cinco categorías: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.
Según las cifras expuestas, el 4% de los hogares se encuentra en el nivel muy bajo y el 30% en el nivel bajo.
Al sumar ambos grupos, el economista destacó que el 34% presenta condiciones educativas desfavorables.
Por otra parte, el 36% se ubica en el nivel medio, mientras que el 16% corresponde al nivel alto y el 13% al muy alto.
A partir de esta distribución, Jones propuso una interpretación general: aproximadamente un tercio de los hogares enfrenta mayores dificultades educativas, otro tercio se encuentra en una situación intermedia y el restante presenta mejores condiciones de formación.
El economista subrayó la importancia de completar los estudios secundarios, tanto por su carácter obligatorio como por su relación con las oportunidades de inserción laboral.
Pobreza y desigualdad: las diferencias se profundizan
Jones relacionó los indicadores de salud y educación con las condiciones de pobreza.
Según los datos correspondientes al período analizado, aproximadamente el 32% o 33% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza.
Dentro de ese grupo, alrededor del 7,5% estaba en situación de indigencia, mientras que el 67% restante de la población no era considerado pobre.
El economista sostuvo que la comparación entre los extremos permite observar con mayor claridad las desigualdades.
En materia educativa, señaló que el 24% de los hogares no pobres se encuentra en el nivel bajo, mientras que entre los hogares indigentes esa proporción asciende al 56%.
La diferencia también aparece en la cobertura sanitaria.
Según las cifras que expuso, aproximadamente el 66% de la población no pobre cuenta con cobertura de salud, pero entre los sectores indigentes ese porcentaje desciende al 8%.
Para Jones, estos datos muestran que las dificultades económicas se relacionan directamente con menores posibilidades de acceder a servicios esenciales.
El acceso al gas muestra una brecha importante
La desigualdad también se refleja en la disponibilidad de servicios públicos.
Jones señaló que, en el caso del acceso al agua, las diferencias entre los grupos sociales son relativamente menores.
Sin embargo, la situación cambia considerablemente cuando se analiza la conexión a la red de gas.
Según los datos presentados, el 70% de los hogares no pobres cuenta con acceso a la red, mientras que entre los hogares indigentes esa proporción alcanza solamente el 30%.
El economista destacó que esta diferencia permite observar las limitaciones de infraestructura que enfrentan los sectores más vulnerables.
También consideró necesario relacionar estos indicadores con la capacidad de inversión pública y la distribución de los recursos estatales.
El sistema tributario: 150 tributos entre Nación, provincias y municipios
En la segunda parte de su columna, Jones retomó el análisis del sistema tributario argentino.
Explicó que el Estado obtiene sus ingresos principalmente mediante impuestos, tasas y contribuciones, que permiten financiar los servicios públicos.
Según el relevamiento que presentó, en Argentina existen alrededor de 150 tributos distribuidos entre los distintos niveles de gobierno.
De ese total, 40 corresponden al ámbito nacional, 28 al provincial y 82 al municipal, considerando los diferentes tributos existentes en las jurisdicciones del país.
Jones aclaró que no todos se aplican simultáneamente en todas las provincias o municipios.
También señaló que la cantidad de tributos no refleja necesariamente su importancia recaudatoria.
De hecho, sostuvo que solamente seis conceptos concentran aproximadamente el 85% de la recaudación tributaria total.
Los seis tributos que sostienen la mayor parte de la recaudación
El economista explicó cuáles son los principales componentes de la estructura tributaria argentina y su peso aproximado en relación con el Producto Bruto Interno (PBI).
| Tributo | Participación estimada en el PBI |
| Impuesto al Valor Agregado (IVA) | 6,7% |
| Aportes y contribuciones a la seguridad social | 5,1% |
| Impuesto a las Ganancias | 4,9% |
| Ingresos Brutos | 4,0% |
| Impuesto a los débitos y créditos bancarios | 1,6% |
| Tasas municipales | 0,7% |
Jones destacó que el IVA representa el principal componente de la recaudación y que los aportes y contribuciones dependen directamente del empleo registrado.
También remarcó la importancia de Ganancias y de Ingresos Brutos, este último administrado principalmente por las provincias.
Sobre Ingresos Brutos, expresó una postura crítica por sus efectos sobre la actividad económica.
Lo calificó como un impuesto distorsivo, aunque reconoció que su importancia recaudatoria dificulta cualquier modificación profunda.
La recaudación depende de muy pocos impuestos
Jones también presentó la distribución de los principales tributos como porcentaje de la recaudación total.
Según su exposición, el IVA representa aproximadamente el 25% de los ingresos tributarios, los aportes y contribuciones el 19%, Ganancias el 18% e Ingresos Brutos el 14%.
El impuesto a los débitos y créditos bancarios aporta alrededor del 6%.
El economista señaló que esta concentración explica por qué resulta difícil reformar el sistema tributario sin afectar los ingresos de alguno de los niveles de gobierno.
También mencionó otros gravámenes nacionales, como los vinculados con combustibles, dióxido de carbono, tabaco, bebidas alcohólicas y determinados productos electrónicos.
En el ámbito provincial, citó ejemplos menos conocidos, como tributos relacionados con actividades forestales, operaciones portuarias y determinadas actividades económicas.
En cuanto a los municipios, explicó que gran parte de sus recursos tributarios proviene de tasas asociadas con servicios específicos.
¿Quién recibe el dinero que se recauda?
Otro de los puntos centrales fue la distribución de los recursos entre los distintos niveles del Estado.
Jones presentó una estimación general según la cual las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben aproximadamente el 35% de la recaudación considerada.
El sistema de seguridad social concentra alrededor del 28%, mientras que la Nación recibe el 23% y los municipios aproximadamente el 13%.
El economista aclaró que se trata de una distribución construida con criterios generales y que pueden existir diferencias según los mecanismos utilizados para asignar los recursos.
Sin embargo, destacó que la discusión no debe limitarse a determinar cuánto dinero recibe cada jurisdicción.
También es necesario analizar qué responsabilidades debe afrontar cada una.
Salud, educación y seguridad: el debate sobre quién financia los servicios
Jones explicó que las provincias tienen a su cargo una parte fundamental de los servicios de educación, salud y seguridad.
Por ese motivo, sostuvo que cualquier discusión sobre la distribución de impuestos debe considerar también las obligaciones presupuestarias de cada nivel de gobierno.
En ese sentido, señaló que el análisis de las finanzas públicas comienza por definir qué servicios debe garantizar el Estado y cuál es el nivel de gasto necesario para sostenerlos.
Luego corresponde determinar cómo se financiarán esas prestaciones.
El economista también se refirió al endeudamiento como una herramienta que permite adelantar recursos futuros para afrontar necesidades presentes.
No obstante, advirtió que ese mecanismo no puede utilizarse indefinidamente para cubrir gastos permanentes.
Para Jones, el debate de fondo consiste en establecer qué servicios públicos deben garantizarse y cómo distribuir de manera sostenible los recursos necesarios.
La coparticipación y su impacto en Chubut y Comodoro
Hacia el cierre de la columna, Jones anticipó que continuará desarrollando el análisis tributario durante las próximas semanas.
Uno de los próximos temas será el sistema de coparticipación, al que describió como un esquema complejo de distribución de recursos.
El economista adelantó que buscará explicar cuánto de lo recaudado llega efectivamente a las provincias y, particularmente, qué participación corresponde a Chubut y a Comodoro Rivadavia.
También señaló que continuará presentando indicadores de la Encuesta Permanente de Hogares para profundizar el análisis de las condiciones sociales.
La intención, explicó, es relacionar las grandes cifras nacionales con la realidad económica y presupuestaria de la región.
Una discusión que une las condiciones de vida con los recursos públicos
Los dos temas abordados durante la columna permiten observar una relación central: las necesidades sociales y la capacidad del Estado para financiar respuestas.
Los indicadores de salud, educación y acceso a servicios básicos muestran diferencias importantes entre los distintos sectores de la población.
Al mismo tiempo, la estructura tributaria concentra buena parte de la recaudación en un número reducido de impuestos y distribuye los recursos entre jurisdicciones con responsabilidades diferentes.
La reflexión que dejó Alejandro Jones es que discutir impuestos no significa solamente hablar de cuánto paga cada contribuyente, sino también de qué servicios necesita la sociedad, quién debe prestarlos y cómo se garantiza su financiamiento.
Ese será el punto de partida para sus próximas columnas, cuando el análisis avance hacia la coparticipación y su impacto concreto sobre Chubut y Comodoro Rivadavia.
