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Régimen penal juvenil: advierten que Comodoro aún no conoce qué recursos tendrá para su implementación
Especial para InfoSur
Natalia Castro, titular de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia, en diálogo con InfoSur Radio, que se emite por Petroleros Jerárquicos, cuestionó el enfoque punitivo del nuevo régimen penal juvenil y advirtió que todavía desconocen qué presupuesto, infraestructura y recursos estarán disponibles en la ciudad para su implementación. La funcionaria sostuvo que el debate debe concentrarse también en qué ocurrió antes de que un adolescente llegue a una situación de conflicto con la ley y reclamó fortalecer las políticas preventivas.
La Oficina ya realizó presentaciones ante los ministerios de Familia y Seguridad para solicitar información sobre los procedimientos previstos frente al nuevo escenario y tiene reuniones en proceso de coordinación.
Sin embargo, Castro remarcó que la prioridad del organismo continuará puesta en la prevención y no en la creación de espacios de privación de libertad.
“Hay una ley, hay que cumplirla y queremos saber qué presupuesto está pensado para Comodoro Rivadavia, que hoy no lo sabemos”, señaló.
“¿Qué pasó antes?”
Castro recordó que durante la discusión de la iniciativa la Oficina había manifestado su oposición.
Su principal cuestionamiento pasa por colocar el foco sobre la conducta del adolescente sin analizar previamente el funcionamiento del sistema encargado de proteger sus derechos.
“Más allá de la punibilidad de las adolescencias, lo que estamos diciendo es: ¿qué pasó con el sistema de protección antes para que cada adolescente llegue a esa instancia?”, planteó.
Para la funcionaria, las políticas públicas y sus presupuestos deberían priorizar la prevención desde la primera infancia, el fortalecimiento de las redes familiares, la atención de consumos problemáticos y el abordaje temprano de diferentes situaciones de vulnerabilidad.
Cuando un adolescente llega a protagonizar un hecho grave, sostuvo, corresponde revisar todo el recorrido anterior.
¿Estaba escolarizado? ¿Alguien detectó una ausencia prolongada? ¿Existían adultos de referencia? ¿Tuvo oportunidades educativas o laborales? ¿Intervino alguna institución ante señales previas?
“El adolescente manifiesta conductas a partir de lo que vivencia colectivamente. Entonces, si el foco es en el adolescente y responsabilizamos solamente al adolescente, es que llegamos tarde”, afirmó.
Una responsabilidad que excede al adolescente
Castro señaló que estos hechos existen y no deben desconocerse, pero rechazó que puedan analizarse exclusivamente desde la responsabilidad individual.
En esa trayectoria intervienen el Estado, las familias, la escuela, los clubes, las condiciones del barrio y la propia comunidad.
“Hay responsabilidades compartidas del Estado, del entorno familiar, de la propia sociedad, de la falta de oportunidades”, sostuvo.
La funcionaria puso como ejemplo los territorios donde niños y adolescentes crecen expuestos cotidianamente a situaciones de violencia o consumos problemáticos.
Cuando determinadas prácticas se vuelven parte habitual del entorno, explicó, resulta mucho más difícil esperar que un adolescente construya por sí solo conductas completamente diferentes.
A eso sumó otro elemento: la violencia discursiva que circula entre los propios adultos y especialmente en las redes sociales.
Cuestionamientos al papel de la escuela
Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo dirigido al sistema educativo.
Castro aseguró que desde el inicio de la actual gestión existen diferencias con el Ministerio de Educación respecto del papel que debe cumplir la escuela en la detección de vulneraciones de derechos.
Para la titular de la Oficina, controlar la asistencia es necesario, pero insuficiente.
“La preocupación es la asistencia escolar y un sistema digitalizado de si va o no a la escuela, que también es importante, también es fundamental garantizar las clases, pero no me sirve de nada que le pongan asistencia si el nene va golpeado y no se hace nada”, expresó.
La escuela, remarcó, forma parte del sistema de protección y por eso tiene también una responsabilidad en detectar situaciones, solicitar intervenciones y participar de abordajes integrales.
Mesas intersectoriales ante problemas cada vez más complejos
Castro destacó el trabajo que se desarrolla mediante las mesas intersectoriales de prevención del suicidio y de violencia sexual.
Estas experiencias, explicó, partieron de reconocer que ninguna institución puede responder de manera aislada frente a problemáticas multicausales.
El trabajo conjunto no se limita a talleres de prevención o campañas de difusión.
También permite elaborar diagnósticos y documentos mediante los cuales se solicitan políticas públicas.
Y esos diagnósticos cambian.
“En febrero de 2025 teníamos un diagnóstico, hoy tenemos otro”, señaló.
Aunque la articulación entre organismos permite resolver determinadas situaciones, existen otras que requieren necesariamente presupuesto, decisiones políticas y personal capacitado.
El desafío concreto para Comodoro
Esa necesidad reaparece ahora frente al régimen penal juvenil.
Castro planteó que sancionar una norma es solamente una parte del proceso.
Después debe existir capacidad efectiva para aplicarla.
“Es muy fácil sancionar leyes cuando, bajado a la práctica y a la realidad concreta, no hay ni infraestructura acorde ni capacitación técnica”, cuestionó.
La preocupación alcanza especialmente a los equipos interdisciplinarios que deberán intervenir y acompañar a los adolescentes.
Por eso la Oficina busca conocer cuáles serán los procedimientos, recursos y dispositivos previstos específicamente para Comodoro Rivadavia.
Cómo informar cuando hay menores involucrados
La entrevista abrió además otro debate especialmente relevante para los medios y las redes sociales: cómo comunicar hechos que involucran a niños y adolescentes sin vulnerar nuevamente sus derechos.
Castro advirtió que Comodoro viene atravesando situaciones en las que se difundieron datos sensibles capaces de individualizar a menores y sus familias.
“No revictimizar al niño o adolescente” debe ser, sostuvo, el primer criterio.
Eso implica evitar información que permita reconstruir su identidad a partir de datos sobre el lugar, la familia o las circunstancias particulares del caso.
El problema ya no se limita a los medios tradicionales.
“Hoy somos todos replicadores de noticia y de desinformación”, señaló.
Una publicación puede multiplicarse rápidamente en redes y terminar incorporando ubicación, información familiar y otros datos sensibles.
“Pensar un poco más en el otro”
Castro llamó a revisar también el comportamiento de los usuarios de redes sociales.
Antes de compartir una publicación, propuso preguntarse si esa información aporta realmente a comprender el hecho o simplemente expone todavía más a un niño, adolescente o familia que atraviesa una situación crítica.
También cuestionó la circulación de mensajes que promueven odio, venganza o estigmatización.
“Desde mi lugar, ¿qué hago yo? ¿Habilito a ese odio? ¿Habilito a esa violencia?”, planteó.
La recomendación es informar sin identificar ni estigmatizar y evitar que la búsqueda de repercusión o participación termine imponiéndose sobre los derechos de quienes aparecen involucrados.
Porque, para Castro, la discusión sobre el nuevo régimen penal juvenil no comienza cuando un adolescente ingresa al sistema penal.
Empieza mucho antes.
En la familia, la escuela, el barrio y las instituciones que debieron acompañarlo. Y también en una sociedad que ahora debe preguntarse qué hizo para prevenir la vulneración antes de discutir cómo castigar sus consecuencias.
