Sistema acusatorio federal: “No tenemos que enamorarnos de la celeridad”
Falsas denuncias: La Dra. Carolina Martínez planteó aumentar las sanciones y pidió preservar las garantías del debido proceso
Especial para InfoSur
Carolina Andrea Martínez, abogada e integrante de organizaciones vinculadas con familias que atraviesan conflictos judiciales, en diálogo con InfoSur Radio, que se emite por Petroleros Jerárquicos, se refirió a las iniciativas que buscan aumentar las penas frente a las falsas denuncias y sostuvo que el debate debe garantizar tanto la investigación de los hechos denunciados como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.
La entrevista se realizó en el marco de una jornada de visibilización contra las falsas denuncias y permitió abordar el debate jurídico y social alrededor de esta problemática.
Martínez aclaró inicialmente que la falsa denuncia no constituye una figura que se pretenda incorporar ahora por primera vez al ordenamiento jurídico argentino.
“El delito de falsa denuncia, como falso testimonio y falsas pericias, existe, está codificado en el Código Penal”, explicó.
Según señaló, las iniciativas que actualmente se impulsan apuntan fundamentalmente a modificar las sanciones existentes.
Un debate sobre las penas
Martínez mencionó particularmente una iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada y sostuvo que el objetivo es incrementar las consecuencias penales frente a este tipo de conductas.
Durante la entrevista reconoció que no tenía a la vista los montos y escalas actualmente vigentes, por lo que evitó precisar esos valores.
La abogada explicó además que una falsa denuncia requiere una imputación formalizada ante los organismos correspondientes y diferenció esa situación de una acusación realizada informalmente.
También señaló que una imputación falsa puede producir consecuencias personales, familiares, laborales o patrimoniales para quien la atraviesa.
Por eso recomendó que una persona acusada busque asesoramiento jurídico para ejercer adecuadamente su defensa y aportar las pruebas necesarias dentro del proceso.
Presunción de inocencia y derecho de defensa
Uno de los principales argumentos planteados por Martínez estuvo relacionado con las garantías constitucionales.
La abogada remarcó que toda persona imputada debe conservar la presunción de inocencia y contar con la posibilidad efectiva de defenderse.
También puso el foco en el debido proceso.
“No se puede detener a una persona sin que se le explique por qué hecho se la va a detener y cuáles son las razones, motivos y pruebas que hay en contra”, sostuvo.
Para Martínez, la incorporación de una perspectiva de género en las decisiones judiciales debe convivir con esas garantías y con el principio de igualdad.
En este punto formuló cuestionamientos a la manera en que, según su interpretación, se aplican determinadas normas y enfoques vinculados con violencia de género. Se trata de una valoración de la entrevistada, que planteó la necesidad de evitar condenas anticipadas y analizar individualmente las pruebas de cada expediente.
El cuestionamiento por la falta de estadísticas
Durante la conversación apareció también una de las principales objeciones que, según se señaló en la entrevista, recibe el endurecimiento de las sanciones: la ausencia de estadísticas suficientemente sólidas que permitan dimensionar la incidencia de las falsas denuncias.
Martínez reconoció la existencia de ese cuestionamiento.
También mencionó la preocupación expresada por sectores y organizaciones de mujeres ante la posibilidad de que un aumento de las penas pueda desalentar denuncias verdaderas por temor a una acusación posterior.
La abogada rechazó que necesariamente produzca ese efecto.
“Yo no creo que desaliente, porque lo único que vamos a lograr es equiparar un poco la vara”, manifestó.
Según su posición, una persona que efectivamente haya atravesado una situación de violencia debe poder denunciarla y sostener su caso dentro de las garantías previstas por el sistema judicial.
“No se trata de realizar una Justicia en favor de mujeres o de varones”
Martínez insistió en que su planteo no apunta a construir un sistema judicial favorable a un género determinado.
“No se trata de realizar una Justicia en favor de mujeres o en favor de varones, sino que sea una Justicia equilibrada”, afirmó.
Al mismo tiempo, reconoció las situaciones históricas de vulnerabilidad atravesadas por las mujeres y la persistencia de estructuras patriarcales dentro de la sociedad.
Su cuestionamiento está dirigido, según explicó, a aquellos casos en los que considera que una acusación puede avanzar sin que exista un análisis suficiente de los hechos y de las pruebas.
Para Martínez, los jueces deben evaluar cada situación de manera particular, respetando la legislación, los tratados internacionales y las garantías constitucionales.
Un proyecto que todavía busca avanzar
Consultada sobre el estado de las iniciativas legislativas, Martínez señaló que hubo diferentes intentos de avanzar con modificaciones y que algunos perdieron estado parlamentario o no consiguieron finalmente ser tratados.
Atribuyó esas dificultades a la ausencia de acuerdos políticos suficientes.
Más allá del destino de un proyecto particular, sostuvo que las organizaciones que acompañan la iniciativa continuarán promoviendo modificaciones para elevar las sanciones.
Durante la jornada también se organizaron actividades en distintos puntos del país para visibilizar el reclamo.
En Comodoro Rivadavia, explicó Martínez, optaron principalmente por una campaña de difusión a través de medios de comunicación y redes sociales, mientras trabajan además en la realización de una futura intervención teatral.
El impacto sobre los niños
Otro de los aspectos sobre los que Martínez hizo especial hincapié fue la situación de niños y adolescentes involucrados en conflictos familiares judicializados.
La abogada sostuvo que las disputas entre adultos pueden afectar vínculos familiares y producir consecuencias emocionales sobre los menores.
Por eso reclamó que, frente a estos procesos, el interés de los niños permanezca en el centro de las decisiones.
“La razón última y primera debe ser el niño, nunca el adulto”, expresó.
Su planteo apunta a que los conflictos entre personas adultas no terminen trasladándose hacia los hijos y que las decisiones judiciales analicen especialmente sus derechos y bienestar.
Una discusión que exige pruebas y garantías
El debate sobre las falsas denuncias atraviesa cuestiones particularmente sensibles: violencia, abuso, conflictos familiares, derechos de las víctimas y garantías de las personas acusadas.
Martínez sostuvo que la respuesta debe pasar por investigaciones rigurosas, jueces capacitados y procesos que permitan establecer qué ocurrió en cada caso.
En ese marco, defendió el endurecimiento de las sanciones cuando se demuestre judicialmente que existió una denuncia deliberadamente falsa.
Al mismo tiempo, la propia entrevista dejó planteada una discusión que excede esa posición: cómo sancionar una acusación falsa sin generar obstáculos o temor para quienes necesitan denunciar hechos reales de violencia.
Un equilibrio que, por la sensibilidad de los derechos involucrados, requiere evitar generalizaciones y colocar las pruebas y el debido proceso en el centro de cada caso.
