Villalonga cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares y advirtió sobre la falta de debate y participación

Especial para InfoSur

Juan Carlos Villalonga, ex diputado nacional y especialista en temas ambientales, en diálogo con InfoSur Radio que se emite por 106.1 Petroleros Jerárquicos, analizó el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares que se discute en el Congreso y expresó su preocupación por la forma en que se está llevando adelante el proceso, marcado —según indicó— por la falta de debate, desorganización y escasa participación real de la ciudadanía.

El referente ambiental señaló que el contexto actual está atravesado por una fuerte incertidumbre, tanto en términos de contenido como de procedimiento legislativo.

“Llegamos a esta instancia con una situación caótica, con una audiencia pública que ni siquiera estaba prevista y que se organizó por la enorme cantidad de reclamos”, explicó.

Uno de los datos más llamativos, según detalló, es la masiva inscripción de participantes en la audiencia pública convocada por el Congreso, que superó las 70.000 personas, un número inédito para este tipo de instancias.

Para Villalonga, esta participación no responde únicamente al interés técnico sobre la ley, sino que refleja una reacción social frente a la forma en que se impulsó el debate.

“Es una reacción inversamente proporcional al ninguneo con el que se trató el tema desde el inicio”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que esa participación masiva no se traducirá en un verdadero espacio de discusión, ya que solo una mínima parte de los inscriptos podrá exponer.

“En el mejor de los casos habrá unas 400 intervenciones. Estamos hablando de menos del 0,5% de los anotados”, señaló.

En ese sentido, cuestionó la falta de transparencia en el proceso, incluyendo la incertidumbre sobre los criterios de selección de participantes y la posibilidad de acceso público a las audiencias.

“Ni siquiera está claro si se van a transmitir. Es una audiencia que tiene poco de pública”, afirmó.

Más allá de las formas, Villalonga también planteó la necesidad de dar un debate profundo sobre la ley, pero con una metodología adecuada.

Aclaró que no se opone a revisar la normativa, que lleva más de 15 años de vigencia, pero insistió en que cualquier modificación debe basarse en información concreta, evaluaciones técnicas y participación de todos los actores involucrados.

“Toda ley se puede revisar. Lo que no se puede hacer es modificarla sin entender por qué existe”, explicó.

En ese sentido, destacó que la Ley de Glaciares surgió como respuesta a conflictos concretos vinculados al impacto de la actividad minera en zonas sensibles de la cordillera.

Recordó que su sanción no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de debate, evidencia científica y discusión política.

“No tenemos leyes por casualidad. Todas tienen una historia y una razón de ser”, sostuvo.

Para el especialista, uno de los principales problemas del proceso actual es la ausencia de instancias formales de consulta a actores clave, como organismos técnicos, provincias, empresas y comunidades.

Entre ellos mencionó al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), a las autoridades ambientales provinciales y al propio sector minero.

“Deberíamos estar escuchando a todos esos actores con información concreta, no con operaciones mediáticas”, planteó.

Villalonga también alertó sobre el rol de los intereses económicos en el debate legislativo, señalando la presencia de grupos de presión en el Congreso.

“Hoy hay ejércitos de lobistas recorriendo los pasillos. Eso también forma parte de cómo se están construyendo estas leyes”, advirtió.

En ese marco, consideró que el proceso actual no solo debilita la calidad de la norma, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“Esto genera un desgaste muy fuerte en la credibilidad del Congreso”, señaló.

Otro de los puntos centrales de su análisis fue el marco constitucional que regula los recursos naturales en Argentina.

Recordó que, tras la reforma de 1994, las provincias tienen el dominio de los recursos, pero el Estado nacional establece los presupuestos mínimos ambientales, lo que permite garantizar criterios comunes en todo el territorio.

“La Constitución logró un equilibrio entre el dominio provincial y la necesidad de tener reglas ambientales comunes”, explicó.

Desde su perspectiva, cualquier modificación de la Ley de Glaciares debe respetar ese esquema y evitar retrocesos en materia de protección ambiental.

Finalmente, Villalonga insistió en que el debate debe darse en un marco de seriedad, participación y consenso, especialmente cuando se trata de normas que impactan a largo plazo.

“Estas leyes tienen que construirse con tiempo, con información y con acuerdos amplios. No se puede legislar sin mirar las consecuencias”, planteó.

En un contexto de alta sensibilidad social y política, la discusión sobre la Ley de Glaciares vuelve a poner en el centro del debate la relación entre desarrollo productivo, protección ambiental y calidad institucional en la Argentina.