La democracia con salida de emergencia
Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos después de pasar por la Argentina. El episodio expone una pregunta incómoda: ¿la obligación de responder ante la Justicia depende de los amigos que cada dirigente tiene en el exterior?
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
En América Latina, algunos dirigentes pierden una elección y reorganizan su partido. Otros reorganizan su itinerario. La diferencia parece anecdótica, hasta que aparecen una prohibición judicial de salir del país, un avión privado, una frontera argentina y un gobierno estadounidense dispuesto a recibir al viajero. Entonces, el asunto deja de pertenecer a las páginas de turismo y empieza a ocupar un lugar bastante más grave en la discusión sobre la democracia.
La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, su paso por la Argentina y su llegada a Miami obligan a actualizar una pregunta que apenas unas horas antes parecía principalmente teórica: ¿qué sucede cuando perder el poder empieza a significar arriesgar la libertad, y las relaciones internacionales ofrecen una salida de emergencia?
Ahora hay un recorrido confirmado. Migraciones informó que Bolsonaro y su familia ingresaron a la Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, por el puente Tancredo Neves. Luego abordaron en Puerto Iguazú un vuelo privado con destino declarado a Guayaquil. El viaje continuó hacia Miami, donde llegaron el miércoles. La confirmación oficial argentina se conoció después de que el avión hubiera despegado.
El traslado se produjo pese a una orden de la Justicia brasileña que le impedía abandonar su país y le exigía entregar sus pasaportes. Bolsonaro había anunciado que se defendería y que no pensaba irse. Finalmente, eligió defenderse a una distancia considerable.
La Argentina, territorio de paso y de preguntas
La explicación de Migraciones sostuvo que Bolsonaro y su familia presentaron documentación habilitada y no tenían impedimentos legales para ingresar al país. Por otra parte, el documento del vuelo publicado por La Nación identifica al senador con nacionalidad y pasaporte italianos.
Los datos impiden afirmar, sin más, que cualquier agente fronterizo tenía necesariamente la obligación de detenerlo. Para establecer una responsabilidad concreta hay que conocer las alertas vigentes, las comunicaciones recibidas y las facultades de cada organismo. La existencia y el alcance de una eventual alerta de Interpol seguían sin estar esclarecidos en la información consultada.
Sin embargo, la responsabilidad política de un gobierno no se agota en mostrar un sello. ¿Quién organizó el traslado? ¿Quién lo financió? ¿Qué sabían las autoridades argentinas? ¿Hubo comunicaciones con funcionarios brasileños o estadounidenses? ¿Existió alguna intervención política para facilitar el recorrido?
La oposición reclamó explicaciones e impulsó pedidos de interpelación. También formuló acusaciones sobre una posible asistencia estatal. Esas acusaciones deben probarse; los pedidos de información deben responderse. El Gobierno no puede confundir ambas cuestiones para eludir las preguntas.
Lo que sí exige explicación es el conjunto: un dirigente de enorme relevancia política, una restricción judicial públicamente conocida, un avión privado y una confirmación difundida cuando ya había partido.
Brasil merece una relación de Estado. Los argentinos también.
Las simpatías de Javier Milei pueden orientar sus amistades personales. Sin embargo, lo que no pueden hacer, es reemplazar la política exterior de la República.
La intervención estadounidense tiene un componente público más claro. Donald Trump expresó que aprobaría la llegada de Bolsonaro y cuestionó el desarrollo de la elección brasileña. Un alto funcionario del Departamento de Estado informó que el senador y su familia recibirían visados de ingreso.
Conviene detenerse en las palabras: visados de ingreso. Las versiones sobre asilo no autorizan a presentar como consumada una concesión formal que la información disponible no acredita.
La distinción jurídica importa. La señal política también. Washington manifestó su disposición a recibir a un aliado que había incumplido una orden de la Justicia de su país. Eso no demuestra automáticamente una operación ilegal estadounidense. Pero permite preguntar qué criterio está aplicando la potencia que se presenta como defensora de la democracia regional.
¿Examinó las razones de una posible persecución? ¿Evaluó las garantías del procedimiento brasileño? ¿O consideró suficiente que el viajero perteneciera al espacio político correcto?
Todavía no hay respuestas, pero algo flota en el aire: la defensa de la democracia empieza a parecer un servicio con condiciones de afiliación.
La ley según la conveniencia
Flávio Bolsonaro tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a cuestionar a un juez, impugnar una medida y denunciar abusos. Su condición de investigado no permite tratarlo como condenado. Pero esos derechos tampoco convierten cada decisión judicial adversa en una persecución.
Si sostiene que los tribunales brasileños actúan arbitrariamente, corresponde examinar sus argumentos, las pruebas y las garantías disponibles. Su apellido no demuestra culpabilidad. Su afinidad con Trump no demuestra inocencia.
El mismo criterio debe aplicarse a Lula. Haber ganado una elección no le entrega un certificado sobre la corrección de todas las actuaciones judiciales de Brasil. Una victoria electoral no vuelve independientes a los jueces por generación espontánea.
Lo único cierto es que una democracia necesita poder condenar a un dirigente culpable y proteger a un opositor inocente. Necesita hacer ambas cosas. Cuando solo protege, produce impunidad. Cuando solo castiga, puede producir persecución. Y cuando decide según el apellido, deja de ofrecer una justicia confiable.
Cristina, Maduro y los amigos en el exterior
La comparación de lo sucedido con Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Maduro debe conservar diferencias esenciales.
Cristina cumple una condena firme de la Justicia argentina bajo prisión domiciliaria. Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones penales, mediante una operación cuya legalidad provocó controversia internacional. Son situaciones jurídicas y procedimientos distintos.
Hoy no tenemos elementos para afirmar que ambos tuvieron una alternativa concreta y garantizada de asilo que simplemente desaprovecharon. Sin embargo, la pregunta útil está en otra parte: ¿cuánto puede modificar el destino de un dirigente la existencia de un gobierno dispuesto a protegerlo?
Un país extranjero puede ofrecer una protección indispensable frente a una persecución real. También puede ofrecer una comodidad extraordinaria frente a una investigación legítima. Distinguir ambas situaciones exige algo más que compartir una ideología.
La lección es otra. El ciudadano común enfrenta su expediente con un abogado y los recursos que consigue reunir. El dirigente poderoso puede agregar otra variable: la disponibilidad de un presidente amigo. Así, la igualdad ante la ley corre el riesgo de terminar en el mostrador de una agencia de viajes.
El peligro de no poder perder
Si un gobernante cree que entregar el poder significa quedar a merced de sus enemigos, puede empezar a justificar cualquier recurso para conservarlo. Condicionar tribunales. Presionar organismos de control. Debilitar autoridades electorales. Presentar su continuidad como una necesidad patriótica.
Si, del otro lado, la oposición anuncia que llegará para encarcelar a sus adversarios, ayuda a construir la misma trampa. Cada amenaza confirma el miedo del oficialismo. Cada abuso alimenta la promesa de represalia.
Lo grave es que la alternancia se transforma en una rendición. Y una democracia difícilmente pueda funcionar si entregar el gobierno exige heroísmo o una reserva de pasajes.
La respuesta no puede ser garantizar impunidad a quienes gobernaron. Debe ser garantizar procedimientos confiables, capaces de investigar mientras están en el poder y de respetar sus derechos cuando lo abandonan.
La responsabilidad no debería depender de perder una elección. La protección tampoco debería depender de ganarla.
Para la Argentina, este episodio agrega un problema propio. Una política exterior organizada alrededor de afinidades personales puede comprometer relaciones que pertenecen al país entero.
Nuestro país sigue necesitando inversión, infraestructura, mercados y trabajo y cuesta encontrar el beneficio de convertir al Estado argentino en protagonista de las urgencias personales de un dirigente extranjero.
Los vínculos internacionales deben servir para mejorar las posibilidades de los argentinos. Por eso, el Gobierno tiene que explicar de qué manera su actuación en este caso respondió a ese interés. Y Estados Unidos debe explicar qué valor concede a las instituciones de los demás países cuando una decisión judicial afecta a sus aliados.
Precisamente por eso, el episodio deja una imagen difícil de disimular: un candidato pierde, incumple una restricción judicial, atraviesa la Argentina y encuentra las puertas abiertas en Estados Unidos. La coordinación política de ese recorrido debe esclarecerse. Su significado ya merece discusión.
Una democracia adulta debe asegurar que quien comete un delito pueda ser condenado, aunque haya sido presidente, y que quien pierde una elección conserve sus derechos, aunque el vencedor lo deteste.
Pero si la libertad termina dependiendo de los contactos internacionales, la promesa de igualdad se vuelve una burla.
Entonces, la pregunta deja de ser quién ganó las elecciones. La pregunta es quién tiene un avión, quién le habilita el paso y qué presidente lo espera del otro lado.
