Se entregaron materiales deportivos a la Liga Norteña de Fútbol
Impulsan una ley nacional para la remediación de pasivos ambientales y destacan la necesidad de garantizar fondos permanentes para las cuencas petroleras
Especial para InfoSur
Jordana Mrela, subsecretaria de Ambiente de Comodoro Rivadavia, en el programa InfoSur Radio, que se emite por 106.1 Petroleros Jerárquicos, analizó el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la remediación de pasivos ambientales impulsado en el Congreso Nacional y sostuvo que la iniciativa puede transformarse en una herramienta clave para ordenar la gestión ambiental de las cuencas hidrocarburíferas y garantizar recursos destinados a la reparación de daños ambientales.
Durante la entrevista, la funcionaria destacó que el proyecto presentado por el diputado nacional José Glinski abre una discusión de fondo sobre la responsabilidad ambiental de las empresas operadoras y la necesidad de incorporar mecanismos permanentes para atender los pasivos que deja la actividad extractiva.
“Es una oportunidad importante para empezar a discutir una remediación ambiental con criterios comunes para todo el país y con herramientas concretas para garantizar su cumplimiento”, afirmó.
Mrela explicó que cuando se habla de presupuestos mínimos ambientales no se hace referencia exclusivamente a recursos económicos, sino también a estándares básicos que deben cumplirse en todo el territorio nacional.
“Los presupuestos mínimos establecen condiciones ambientales obligatorias que tienen que ser iguales para todas las cuencas y todas las provincias”, señaló.
Según indicó, uno de los aspectos centrales de la propuesta es la creación de un fondo específico destinado a financiar tareas de saneamiento y recuperación ambiental.
La iniciativa también contempla la exigencia de garantías financieras para las empresas que explotan áreas hidrocarburíferas.
“El objetivo es que la remediación forme parte del proceso productivo desde el primer día y no que se transforme en un problema cuando una empresa decide retirarse”, explicó.
Para la subsecretaria, la atención de los pasivos ambientales debe dejar de considerarse una obligación excepcional para convertirse en un componente permanente de la actividad.
“Durante muchos años se produjo riqueza mientras los costos ambientales quedaban para después. Lo que plantea esta ley es incorporar esa responsabilidad desde el inicio”, sostuvo.
La funcionaria remarcó además que la remediación ambiental puede representar una importante fuente de empleo para las regiones petroleras.
“Estamos hablando de actividades que generan trabajo especializado y que forman parte de una transición productiva necesaria para las cuencas maduras”, indicó.
Uno de los puntos más relevantes de la entrevista estuvo relacionado con la situación de los pasivos ambientales en Chubut y el debate que se instaló tras la salida de YPF de áreas convencionales de la provincia.
Mrela recordó que la problemática no es nueva y que la provincia cuenta desde hace más de dos décadas con herramientas regulatorias destinadas al control y registro de estos pasivos.
“Desde el año 2004 existe una resolución específica que obliga a registrar y declarar los pasivos ambientales de la industria hidrocarburífera”, explicó.
Según detalló, las empresas operadoras deben informar las situaciones detectadas dentro de sus áreas y presentar planes de saneamiento que son monitoreados por las autoridades competentes.
“La provincia tiene registros, expedientes y mecanismos de control que vienen funcionando desde hace muchos años”, afirmó.
Por eso consideró importante aclarar que el debate actual no surgió exclusivamente a partir del proceso de retiro de YPF.
“No es un tema que apareció ahora. Es una discusión que lleva décadas dentro de la agenda ambiental y petrolera de Chubut”, sostuvo.
La subsecretaria señaló que una de las principales diferencias entre la normativa vigente y el proyecto nacional radica en la forma de abordar los pasivos.
Mientras la legislación actual pone especial énfasis en las auditorías realizadas al momento de la reversión o cierre de áreas, la propuesta nacional busca incorporar una atención continua durante toda la vida útil del proyecto.
“La gran diferencia es que plantea mecanismos permanentes de seguimiento y financiamiento para evitar que los problemas se acumulen hasta el final de la operación”, explicó.
En ese contexto, también hizo referencia al proceso de transferencia de áreas de YPF a PECOM y a la discusión sobre las responsabilidades ambientales asociadas.
Mrela aclaró que los pasivos existentes mantienen responsabilidades vinculadas a quienes los generaron originalmente.
“Las áreas pueden cambiar de operador, pero eso no elimina las responsabilidades que correspondan por daños o pasivos preexistentes”, señaló.
Durante la entrevista también se abordó el rol de las instituciones ambientales y la importancia de fortalecer las capacidades técnicas del Estado para supervisar este tipo de procesos.
Consultada sobre la reciente decisión de transformar el Ministerio de Ambiente provincial en una Secretaría, sostuvo que, al menos desde el punto de vista operativo, no debería implicar una reducción de capacidades.
“Lo importante es que se mantengan los equipos técnicos, los controles y los procedimientos que garantizan el funcionamiento del sistema”, afirmó.
Otro de los temas abordados fue la propuesta presentada en la cordillera chubutense para crear una agencia específica destinada a la prevención y respuesta ante incendios forestales y otras emergencias ambientales.
Si bien aclaró que no conoce en detalle el proyecto, Mrela consideró que el desafío principal pasa por fortalecer las estructuras ya existentes.
“Personalmente creo más en robustecer los organismos ambientales que ya tenemos que en generar nuevas estructuras paralelas”, señaló.
La funcionaria destacó que el ambiente debe ser entendido como una política transversal que involucre planificación, prevención, control y recuperación.
“El ambiente no es solamente la emergencia. Es todo el proceso anterior, el durante y el después”, explicó.
En relación con los incendios forestales, sostuvo que la atención no debe limitarse únicamente a la respuesta cuando ocurre un siniestro.
“También hay que trabajar sobre la prevención, la planificación territorial y la recuperación posterior de los ecosistemas afectados”, indicó.
Para Mrela, una de las principales lecciones que dejaron los incendios registrados en los últimos años es la necesidad de sostener políticas permanentes y coordinadas entre distintos organismos.
“No alcanza con actuar cuando aparece la emergencia. Tiene que existir un trabajo continuo durante todo el año”, afirmó.
Finalmente, destacó que tanto el debate sobre los pasivos ambientales como las discusiones vinculadas a incendios y protección de ecosistemas reflejan una creciente preocupación social por las cuestiones ambientales.
“Lo importante es que estos temas permanezcan en la agenda y se transformen en políticas públicas sostenidas en el tiempo”, concluyó.
De esta manera, el avance de iniciativas vinculadas a la remediación de pasivos hidrocarburíferos y la gestión ambiental vuelve a poner sobre la mesa uno de los desafíos centrales para las provincias productoras: compatibilizar desarrollo económico, protección ambiental y sostenibilidad a largo plazo.