El profesor sin alumnos

Una marcha, un veto incumplido, un caso, una recesión y un decreto que recorta 2,4 billones: el momento en que las cinco grietas se vuelven la misma.

Soy orgullosamente egresado de la Universidad de Buenos Aires. Fui orgullosamente docente universitario por más de 30 años en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Para el Gobierno, lo que sucedió esta semana fue una “marcha política más”. En mi caso, creo que no fue así. Fue mucho más que eso y el Gobierno no se da cuenta.

Hay imágenes que no pertenecen al gobierno que las padece, sino al país que las produce. La marcha universitaria de esta semana fue una de esas. No fue una manifestación: fue una asamblea ambulante de la Argentina que todavía cree en algo. Madres con guardapolvos heredados, jubilados que se recibieron en los sesenta, ingenieros que volvieron a la facultad con sus hijos, becarios del CONICET con la mochila llena de papers y vacía de respuestas. La pregunta que esa multitud le hizo al poder no es presupuestaria. Es ontológica: ¿qué clase de país queremos ser cuando esto, lo que sea esto, termine?

Y ahí está el problema del gobierno de Javier Milei. No tiene respuesta porque, en rigor, nunca le interesó formulársela. El proyecto fue siempre aritmético, jamás civilizatorio. Pero la Argentina sigue siendo, para bien y para mal, un país de preguntas civilizatorias. Allí se produce el choque. No es un choque entre modelos económicos. Es un choque entre dos lenguajes que ya no se entienden.

EL VETO INVISIBLE

El primero de esos lenguajes es el republicano. La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada, vetada e insistida por el Congreso con las mayorías agravadas que la Constitución exige. Es decir: el sistema institucional argentino, ese al que el oficialismo despreció en campaña como “la casta”, produjo un consenso parlamentario que ningún veto puede borrar. Y, sin embargo, la ley no se cumple. No por una nueva norma que la derogue, sino por la sencilla técnica administrativa de no ejecutarla.

Eso, en términos jurídicos, se llama desobediencia. En términos políticos, se llama otra cosa: se llama haber decidido que la legitimidad de origen alcanza para todo, incluso para reescribir el contrato republicano por la vía de los hechos. Es el precedente más peligroso que este Gobierno ha introducido en el sistema político argentino, y el menos discutido. El veto invisible entendido como la decisión administrativa de no cumplir lo que el Congreso ratifica.

LA ÉPICA RESFRIADA

El segundo lenguaje es el moral. El mileísmo se construyó, antes que sobre una ortodoxia económica, sobre una promesa de excepcionalidad ética: nosotros no somos como ellos. Sin embargo, el caso Adorni —cualquiera sea su resolución judicial— erosiona esa promesa con una eficacia que ninguna oposición pudo lograr. No importa tanto si hubo delito; importa que ya no se puede sostener, con la cara seria, que se trata de gente distinta. Son gente igual. Y un gobierno que pidió sacrificios en nombre de su diferencia moral pierde, cuando esa diferencia se diluye, su principal capital político.

Pero ojo, la oposición tampoco puede capitalizar esto. Su propio historial de zonas grises la inhabilita para el sermón. Lo que se erosiona, entonces, es una promesa sin alternativa. Y la pérdida de promesa, sin alternativa, produce desafección, no recambio. Por eso las marchas son grandes pero el Congreso es chico. Por eso la sociedad se mueve, pero la política no. Estamos en el momento exacto en que el malestar es masivo y la representación, ínfima.

LA ARITMÉTICA QUE NO CIERRA

El tercer lenguaje es el económico, y aquí el oficialismo todavía cree tener ventaja. Los números macro mejoran: bajó la inflación, el riesgo país se ordenó, las reservas se acomodaron. Pero la microeconomía —salarios reales, consumo, producción industrial, según los últimos informes del INDEC y los relevamientos privados de FIEL y FIDE— sigue sin recuperar lo perdido. La promesa fue que el dolor era de tránsito. Veintiocho meses después, una proporción creciente del electorado empieza a sospechar que el dolor es estructural, no transicional.

Las encuestas de Atlas Intel y Zuban-Córdoba muestran lo mismo desde hace seis meses: la imagen del Gobierno se sostiene en una base dura, cada vez más concentrada y pierde, mes a mes, el segmento que lo votó por expectativa, no por convicción. Ese segmento —que es el votante que decide las segundas vueltas argentinas— es el que hoy marcha por la universidad, aunque no haya pisado un aula en décadas. Porque lo que defiende no es la institución: es la promesa que la institución encarna. Que el esfuerzo individual todavía tiene un piso colectivo donde apoyarse. Que el país, alguna vez, fue una escalera.

DESDE EL INTERIOR.

Desde el interior se ve algo que en Buenos Aires cuesta percibir: la indiferencia federal del proyecto. Las provincias patagónicas o las de cuyo o el norte, producen las divisas que sostienen el experimento —petróleo, gas, pesca, minería— y reciben, a cambio, una desinversión metódica en universidades, hospitales, rutas y conectividad. La Universidad Nacional de esas provincias, donde se forman los ingenieros que mañana operarán Vaca Muerta, y los geólogos que prospectan el cobre cordillerano, sobrevive con presupuestos que ya no alcanzan ni para pagar la luz.

Es una contradicción operativa, no ideológica: el Gobierno desfinancia, en el sur, en el norte o en la cordillera, exactamente la base productiva de mano de obra calificada que su modelo económico necesita para funcionar. No la resuelve ningún veto. La resuelve, eventualmente, el cierre de carreras, la emigración de talento y un déficit cognitivo que se manifestará no en 2027 sino en 2032 o 2035, cuando esta gestión sea ya un capítulo de manual. Lo dijo bien Bloomberg en su informe regional de marzo: la Argentina está consumiendo, otra vez, el stock de capital humano que tardó cincuenta años en construir.

Dónde encajan los recortes de la D.A. 20/2026

En “el veto invisible” del que venimos hablando, se agrega otro decreto que entra como prueba escrita de la tesis que proponemos.

El gobierno de Javier Milei, a través de una Decisión administrativa (D.A. 20/2026) oficializada el 11 de mayo de 2026, profundizó el ajuste fiscal con un nuevo recorte neto de 2,4 billones de pesos ($2.439.416 millones) en el presupuesto nacional de 2026.

Este ajuste se suma a la orden dada a mediados de abril a todos los ministerios para reducir un 2% sus gastos corrientes y un 20% sus gastos de capital.

La medida representa una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública Nacional, según un informa de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto).

De este modo, se oficializó la reestructuración o eliminación de 211 programas gubernamentales, incluyendo áreas de salud, educación y asistencia social. Se recortaron más de $970.000 millones en transferencias a provincias y municipios, afectando obras de infraestructura y saneamiento.

La única preocupación es clara: mantener el equilibrio fiscal tras nueve meses consecutivos de caída en la recaudación real.

Lo expuesto implica, en la práctica, que «lo que el Congreso vota en sesión, el Boletín Oficial lo desarma en un párrafo.»  En la aritmética que no cierra, provocada por los nueve meses consecutivos de caída real de la recaudación, el Gobierno ahora nos vuelve a ajustar con un 1,6% de contracción sobre el crédito vigente, con recortes específicos —Instituto Malbrán, programas oncológicos y de medicamentos (Perfil, Infobae), Fondo de Compensación Salarial Docente y Plan Nacional de Alfabetización—. Dicho de otro modo, el mismo discurso oficial que postula una Argentina educada y sana, recorta, por decreto, los instrumentos concretos para educarla y sanarla.

LA PREGUNTA QUE QUEDA

Hay un dato que ningún encuestador captura. Cuando un gobierno deja de poder explicar por qué pide lo que pide, ya no gobierna. Administra. El mileísmo todavía gobierna, pero la distancia entre las dos categorías se acorta cada semana. La marcha universitaria, el veto incumplido, el caso Adorni, la recesión y el nuevo ajuste que se eterniza, no son cinco hechos separados: son cinco grietas de un mismo edificio. La pregunta no es si el edificio se cae. Los edificios políticos argentinos rara vez se caen. Se vuelven inhabitables.

La pregunta verdadera —la que tendría que estar haciéndose la dirigencia entera, oficialismo, oposición, sindicatos, empresariado, gobernadores— es otra. Si la Argentina demuestra, una vez más, que es capaz de movilizar consenso social y parlamentario para defender una institución, y aun así el sistema no logra traducir ese consenso en política pública sostenida: ¿qué clase de democracia estamos teniendo? ¿Una donde el voto decide el rumbo, o una donde el rumbo decide el voto y después lo ignora?

Ese, y no otro, es el verdadero veto invisible. No el de Milei sobre la ley universitaria. El que las clases dirigentes argentinas, sucesivas, le vienen imponiendo desde 1983 al mandato democrático: respetamos las urnas, no respetamos lo que las urnas dicen. Cambia el firmante. No cambia la firma.

El profesor de la Casa Rosada, ahora presidente, se quedó, de a poco, sin alumnos. Pero el aula sigue ahí. Llena. Esperando. La pregunta —la única que importa de acá a 2027— ya no es si Milei termina su mandato, ni siquiera si lo termina bien. Es más cruel y es más vieja: cuando este experimento concluya, gane o pierda, ¿con qué Argentina nos vamos a encontrar? ¿Una que aprendió, por fin, que el problema no era el firmante sino la lapicera? ¿O una que volverá a creer, fiel a su costumbre, que basta con cambiar al profesor para que cambie la clase?

Porque si es lo segundo —y la historia argentina, escrita con esa misma lapicera, sugiere que va a ser lo segundo—, entonces el aula puede seguir esperando todo lo que quiera. No habrá clase. Habrá, otra vez, recreo. Y un país que confunde recreo con futuro es un país que ya no está educando a nadie. Ni siquiera a sí mismo.