Aclaran que los radares de velocidad no necesitan estar señalizados y recuerdan que la validez depende de su habilitación oficial
Especial para InfoSur
Sabrina Guerrero, referente de la Escuela de Conducción Defensiva del IAPG, en el programa InfoSur Radio, que se emite por 106.1 Petroleros Jerárquicos, explicó cuáles son las condiciones que deben cumplir los radares utilizados para el control de velocidad y aclaró que la normativa vigente no obliga a señalizar previamente la presencia de estos dispositivos, una de las dudas más frecuentes que surge cada vez que se implementan controles en rutas o zonas urbanas.
Durante la entrevista, Guerrero abordó la polémica que suele instalarse alrededor de las fotomultas y los controles de velocidad, especialmente cuando los conductores reciben infracciones y cuestionan la legalidad de los dispositivos utilizados.
“Siempre aparecen las mismas afirmaciones: que el radar está mal porque no tiene cartel o porque no está siempre en el mismo lugar. Pero la pregunta es quién dijo que un control tiene que ser avisado”, planteó.
Según explicó, la legislación no exige que los radares estén señalizados para que una infracción sea válida.
“La gente que circula respetando las normas no necesita que le avisen que la van a controlar”, sostuvo.
No obstante, remarcó que sí existen requisitos técnicos y legales indispensables para que un radar pueda utilizarse como herramienta de fiscalización.
“El radar tiene que estar habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poder realizar tomas válidas de infracciones por velocidad”, señaló.
La especialista indicó que cualquier ciudadano puede verificar esa información a través de los registros oficiales disponibles en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Allí es posible consultar la ubicación de los equipos habilitados y comprobar si cuentan con las autorizaciones correspondientes.
“Esa habilitación garantiza que el equipo fue calibrado y que las mediciones que realiza son correctas”, explicó.
Para Guerrero, este aspecto es fundamental porque la legitimidad de cualquier sanción depende de que la velocidad registrada haya sido obtenida mediante instrumentos certificados.
“Si me van a controlar, corresponde que lo hagan con un equipo que mida correctamente”, afirmó.
Durante la entrevista también se refirió a los debates que suelen generarse en distintos puntos de la provincia respecto a la instalación de radares sobre rutas nacionales o dentro de zonas urbanas.
En ese contexto, explicó que más allá de la jurisdicción específica, cualquier sistema destinado a sancionar infracciones debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa nacional.
“No alcanza con colocar un radar. Tiene que cumplir determinadas condiciones para que la infracción tenga validez”, sostuvo.
La referente del IAPG recordó además que esos mismos criterios se aplican a otros controles de tránsito, como los operativos de alcoholemia.
“Cuando se realiza una medición, el acta debe incluir toda la información necesaria para verificar que el equipo utilizado estaba en condiciones y contaba con las certificaciones correspondientes”, señaló.
Entre esos datos figuran el modelo del dispositivo, número de serie, código de aprobación y otros elementos técnicos que permiten respaldar la validez de la medición.
Según explicó, una correcta confección de las actas también resulta fundamental.
“Hace años que se viene trabajando para que los formatos sean cada vez más claros y uniformes, tanto para los organismos de control como para los usuarios”, indicó.
La especialista destacó que cualquier irregularidad en la documentación o en los procedimientos puede derivar en impugnaciones posteriores.
Por otro lado, Guerrero se refirió a las experiencias piloto que actualmente se desarrollan en algunos sectores urbanos mediante radares utilizados con fines educativos y estadísticos.
En esos casos, explicó, los dispositivos permiten registrar velocidades de circulación sin que necesariamente exista una sanción asociada.
“Se pueden utilizar para obtener información, para generar estadísticas o incluso para realizar campañas de concientización”, sostuvo.
La información recopilada también puede servir para identificar sectores donde existen excesos de velocidad recurrentes o condiciones de circulación que requieran intervenciones específicas.
“Son herramientas que ayudan a comprender mejor qué está ocurriendo en determinados lugares”, afirmó.
En relación con los controles presenciales realizados por inspectores o fuerzas de tránsito, aclaró que allí sí corresponde implementar señalización específica.
“Cuando hay personas trabajando sobre la vía pública es necesario advertir a los conductores para garantizar condiciones seguras tanto para quienes circulan como para quienes realizan el operativo”, explicó.
Esa señalización permite anticipar reducciones de velocidad, zonas de detención y espacios destinados a los controles.
“La prioridad es evitar riesgos innecesarios para todos los involucrados”, señaló.
Más allá de los aspectos técnicos y normativos, Guerrero insistió en que el verdadero objetivo de los controles de velocidad no debería centrarse únicamente en las sanciones.
“El objetivo principal siempre tiene que ser prevenir siniestros y promover una conducción más segura”, afirmó.
La especialista recordó que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los factores más frecuentes en los accidentes de tránsito graves y fatales.
Por eso consideró fundamental comprender que los límites establecidos no son arbitrarios.
“Las velocidades máximas existen porque fueron definidas en función de las características de cada camino y de los riesgos asociados a la circulación”, sostuvo.
Finalmente, remarcó que el cumplimiento de las normas de tránsito no debería depender de la presencia o ausencia de controles.
“La conducción segura tiene que ser una decisión permanente y no una reacción frente a un radar”, concluyó.
De esta manera, el debate sobre los controles de velocidad vuelve a poner sobre la mesa la importancia de combinar fiscalización, educación vial y responsabilidad individual como herramientas indispensables para reducir los siniestros y mejorar la seguridad en calles y rutas.
