Tres batallas económicas del Gobierno en el Congreso: presupuesto 2026, blindar los ahorros en dólares y dos reformas clave
El oficialismo confía en que el recambio legislativo le dará mayor fuerza política para avanzar con sus iniciativas; quiere incluir la discusión del proyecto de Principio de Inocencia Fiscal, presentado en junio pasado en Diputados.
Por Sofía Diamante / LA NACION
Los próximos meses prometen ser intensos en el terreno legislativo. Cuando el presidente Javier Milei encabece su tercera apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el próximo 1° de marzo, el Gobierno buscará tener aprobados no solo el Presupuesto 2026, sino también las reformas tributaria y laboral. Al menos, esas son hoy las intenciones oficiales.
Para lograrlo, las negociaciones deberán ser especialmente productivas. El oficialismo prevé comenzar a votar los proyectos recién a partir del 10 de diciembre, con las sesiones extraordinarias en marcha y una nueva composición del Congreso, donde La Libertad Avanza (LLA) espera contar con mayor músculo político tanto en Diputados como en el Senado, luego de la victoria electoral del mes pasado.
Aun así, el margen de maniobra será acotado. No solo porque los legisladores no se toman vacaciones de verano desde hace dos años y las fiestas de Navidad y Año Nuevo caerán a mitad de semana —lo que limita la actividad legislativa—, sino también porque los textos finales de las reformas aún no están listos.
Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de ARCA (ex-AFIP), Juan Pazo, trabajan en el diseño de la reforma tributaria. En paralelo, el responsable de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, coordina el texto definitivo de los cambios en materia laboral. Ninguno de los dos proyectos fue girado todavía a los bloques parlamentarios, por lo que las conversaciones formales aún no comenzaron.
La reforma previsional, por su parte, quedará para un eventual segundo mandato de La Libertad Avanza. “Primero hay que trabajar en los más de ocho millones de personas que se desempeñan en la informalidad y no tienen derechos. Hay que incorporarlas al sistema para que puedan aportar, antes de hablar de una reforma previsional”, explican en el Congreso.
De acuerdo con los planes del oficialismo, la hoja de ruta parlamentaria comenzará con la aprobación del Presupuesto 2026 e incluirá la discusión del proyecto de Principio de Inocencia Fiscal, presentado en junio pasado ante la Cámara de Diputados.
Según ARCA, esta normativa busca “blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones, para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los obtuvieron en todo momento”.
Para ello, en los últimos días, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pasa más tiempo en las oficinas del Congreso, dialogando con los legisladores, que en su propio despacho. En las reuniones lo acompaña el diputado Martín Menem, quien en los primeros días de diciembre buscará su reelección como presidente de la Cámara Baja.
En el Senado, el oficialismo aún no definió quién será el presidente provisional. Falta resolver si continuará Bartolomé Abdala (San Luis) o si lo reemplazará otro legislador, entre los que se mencionan a Ezequiel Atauche (Jujuy), Agustín Coto (Tierra del Fuego) o Nadia Márquez (Neuquén).
El Gobierno insiste en que ya no hay margen para prorrogar el Presupuesto 2023, como se hizo en los últimos dos años. Al mismo tiempo, reitera que la única condición para no vetar la nueva ley de presupuesto es que las cuentas nacionales deben cerrar en equilibrio. “El equilibrio fiscal es innegociable. Las últimas elecciones demostraron que la sociedad ratificó el rumbo”, sostienen.
Luego de la discusión presupuestaria, el Ejecutivo planea impulsar la reforma tributaria, centrada en la simplificación del sistema impositivo y en la eliminación de algunos tributos, “en la medida en que el equilibrio fiscal lo permita”.
En tercer lugar, se abordará la reforma laboral, con el objetivo de dinamizar los convenios colectivos y permitir su aprobación por empresa, en lugar de por sector. “No es lo mismo la productividad de una empresa chica que la de una grande”, explican en el oficialismo.
En síntesis, el Gobierno apuesta a un cierre de año de alta intensidad política y legislativa, con la mira puesta en consolidar su programa económico y enviar señales de previsibilidad al mercado. Pero el éxito de esa estrategia dependerá del nivel de consenso que logre construir en un Congreso donde, pese a mejorar su representación, La Libertad Avanza aún deberá negociar cada voto para conseguir las reformas estructurales.
