RIGI para todos, todas y todes

Hace más de 12 años, más o menos desde el 2012, que en la Argentina no hay creación de empleo asalariado privado. En este período solo se generó empleo en el país en el sector público nacional, provincial o municipal, a través de la actividad independiente y autónoma y por último en el mercado laboral informal. Nada ha cambiado hasta ahora donde según veremos la UCA nos anuncia que la pobreza trepó al 55%, el índice más alto después del 2002.

Como contrapartida, se calcula que los argentinos en este período han generado ahorros equivalentes a más de 430.000 millones de dólares que se destinaron en su mayoría a compras de activos externos. Curioso dato de difícil comprobación pero que contrasta con el comienzo de nuestro artículo.

Por otro lado, la cantidad de Pymes que existen en nuestro país en el sector formal son cerca de 520.479, de las cuales el 98% son Pymes de menos de 100 trabajadores y solo un 2% corresponden a aquellas que emplean más de ese número de dependientes. Esa empleabilidad alcanza en la actualidad a aproximadamente a 3.200.581 en Pymes de menos de 100 trabajadores, algo así como el 50,4% del empleo del sector privado formal. Los otros 3.156.027 trabajadores asalariados formales (49%) se comparten entre Pymes de más de 100 trabajadores juntamente con la gran empresa. Para entender la trascendencia de las cifras, las Pymes explican más del 65% del empleo formal de la Argentina y generan el 43% del PBI, creando empleo en forma muchísimo más barata desde el punto de vista del endeudamiento y la inversión que la gran empresa.

Para concluir nuestro punto de partida, según Alejandro Bestani, presidente del Movimiento Nacional Pyme y la FOP -Fundación observatorio Pyme-, el sector genera 168.000 millones de dólares al año mientras que las grandes empresas solo participan con 52.000 millones en el mismo período.

A partir de estos datos y desde esta mirada, me gustaría recién ingresar en el análisis del proyecto de “Ley de bases” presentado por el Gobierno Nacional que tiene media sanción en Diputados e incluye entre otras cosas el “Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)” y que por estos momentos se está debatiendo en comisión de la Cámara de Senadores y promete ser ley en algún momento en los próximos meses si es que todo anda bien y Milei colabora un poco.

Como imaginarán mi pregunta es: ¿Qué es el RIGI y por qué no se pensó para el mundo Pyme nacional con este análisis previo?

El RIGI es un régimen normativo especial que aplicaría únicamente para “grandes inversiones”, que superen los 200 millones de dólares en busca de atraerlas en sectores como la Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología. En realidad, básicamente fue pensado para atraer proyectos mineros de cobre, litio, GNL y energías renovables, pero se le dio un marco más general para no ser tan mezquinos y disimular un poco.

Fuera del orden nacional, la propuesta capta el interés, solo de los tres gobernadores de la Mesa del Cobre, Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; y Marcelo Orrego, de San Juan; así como también de las principales figuras de la Mesa del Litio. Fuera de ellos, le seguirían los gobernadores de las provincias generadoras de energía, tanto convencional e incluso renovables. Fuera de este nuevo círculo rojo, la normativa recibió el repudio de varios sectores desde legisladores opositores, pasando por sindicatos, PYMES, economistas, especialistas en industria y juristas.

Básicamente para no exceder la extensión de esta editorial, el régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para facilitar la llegada de grandes inversiones al país. Estos son:

1. Beneficios impositivos:

– Impuesto a las Ganancias.

– Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).

– Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.

– Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.

– Impuesto al Valor Agregado (IVA):

– Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.

– Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.

– Otros impuestos:

– Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.

2. Beneficios aduaneros:

– Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.

– Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.

3. Beneficios cambiarios:

– Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:

– 20% el primer año.

– 40% el segundo año.

– 100% a partir del tercer año.

– Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

4. Estabilidad normativa:

– Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.

– Garantía de no afectación por normativas más gravosas.

Si bien no es el objetivo de estas líneas entrar en las polémicas y los cuestionamientos del régimen, no puedo soslayar algunos puntos críticos a la hora de permitir importar máquinas e insumos sin pagar aranceles ni priorizar proveedores locales, o la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 25% solo para estas inversiones, o la devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses (IVA); y requisito de liquidación de divisas en el MULC del 80% en el primer año para llegar a 0% en el tercer año.

Desde lo jurídico, no queda claro si las provincias y municipios deben adherir al RIGI o les fija obligaciones de manera “compulsiva” violentando la autonomía provincial del art. 121 de la Constitución Nacional que dispone que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal…”.

Más allá de toda esta polémica, la centralidad de esta editorial apunta al corazón de las promesas libertarias de Milei, que a partir de estas observaciones me permiten dudar de esas intenciones.

Dicho de un modo más directo. Si tenemos en cuenta la enorme cantidad de beneficios que se reconocen a favor de quienes queden encuadrados en el RIGI (y por 30 años) y lo contrastamos con las ventajas y beneficios que las Pymes nacionales producen a diario en nuestro país, ¿acaso el régimen propuesto por la Ley Bases no afecta los principios de igualdad y razonabilidad, teniendo en cuenta o comparando los beneficios que puede obtener una Pyme que realiza una determinada inversión en el país? ¿Acaso no se estarían violando los principios establecidos en la Constitución Nacional en los arts. 16, 28 y 33?

Por qué motivo una Pyme nacional no puede acceder a los aranceles 0 a las importaciones de cualquier tipo de bien. ¿O no puede gozar también de una reducción en 10 puntos porcentuales en el impuesto a las ganancias?

Desde muchísimos sectores de la economía he podido ver argumentaciones acerca de que el RIGI otorgará «excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años a quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares, sin ninguna exigencia«. Mi observación, es otra. ¿Por qué no se otorgan esos mismos beneficios a las Pymes argentinas que además han movilizado un ahorro de más de 430.000 millones de dólares en estos años según los analistas? ¿Por qué los 200 millones de un extranjero valen más que la posibilidad de movilizar esa inversión y ahorro nacional de tantos años?

Un interesante artículo del diario La Nación del sábado pasado alerta sobre la pérdida de casi 100 mil puestos de trabajo formal en apenas tres meses del gobierno de Milei.  Sin embargo, nadie sabe cuánto puestos de la economía informal desaparecieron. Si nos guiamos por los índices de trabajo en negro, serían otros 100 mil puestos de trabajo perdidos. ¿Acaso esos 200 mil puestos de trabajo serán absorbidos por las grandes inversiones, que todos sabemos tienen poco impacto en el empleo y además se ubican fuera de las áreas geográficas donde se están produciendo esos despidos?

Partiendo de la información del párrafo anterior, no entiendo por qué no pensar un régimen como el de la Ley Bases, incluyendo a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país.

Según el observatorio de la deuda social argentina de la UCA, la pobreza llegó en esta última medición del primer trimestre del 2024 al 55% y la indigencia superó el 18%, con 50% de trabajo en la informalidad. Ello quiere decir que se sumaron 3,2 millones de pobres y en el caso de jóvenes entre 12 y 17 años la pobreza trepó al 59,4%. Más de 22 millones de argentinos son pobres en nuestro país. ¿Qué trasnochado piensa que las grandes inversiones en energía, litio o cobre los sacarán de esa situación?

En conclusión y para ir terminando mi particular punto de vista: las micro, pequeñas y medianas empresas son una parte fundamental del entramado productivo nacional. Es cierto que presentan brechas de productividad, innovativas y de capacidades instaladas, entre otras, con las grandes empresas, pero no es menos cierto que en muchos casos la antigüedad, localización, sectores de actividad, dinámica exportadora representan ventajas comparativas con las grandes empresas.

Para tener una idea de la trascendencia de lo que decimos, en el año 2021, hubo en Argentina más de 532.000 MiPymes, lo que representó el 99,3% del total de firmas empleadoras que en total eran 536.400. Ellas generaron el 61% del empleo asalariado registrado, explicaron el 49% de la masa salarial formal, concentraron el 46% de la facturación y el 16% del total de monto exportado. 

En cuanto a la distribución geográfica, las Pymes se encuentran fuertemente concentradas en las cuatro jurisdicciones más pobladas de nuestro país: la provincia de Buenos Aires concentra el 32%, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el 18,4%, Córdoba con el 9,9% y Santa Fe con el 9,5%. 

Pensar que la gran inversión recuperará el empleo formal y particularmente en actividades -léase minería o energía- localizadas fuera de las concentraciones geográficas y poblacionales más importantes del país, resulta no solo ingenuo, sino que confiesa sin disimulo otros fines absolutamente diversos a una rápida recuperación del entramado social de la Argentina asegurando como siempre reducidos espacios de “mega negocios” muy atractivos para muy pocos. La promesa de los 30 mil millones de dólares de exportación del sector energético siempre será bienvenida, pero llegarán tarde para mucho más de la mitad de la Argentina que no puede satisfacer sus necesidades más básicas.

Milei sigue confiando que la economía ordenará a la política y creo que es un enorme error. Ese concepto fue expresado por el Presidente en forma más que elocuente, al decir que “tiene barro por todas partes” en referencia a la negociación con la casta por la Ley de Bases lo que expresa toda una definición de lo que para él significa algo tan básico como el consenso. Ese pensamiento fue más abrupto días atrás cuando les prometió vetar cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal.

Esta semana además de mantener la grieta interna, agrandamos la externa en el episodio grotesco entre Milei y Pedro Sánchez. Henry Kissinger, maestro de las relaciones exteriores, copiando el modelo inglés nos enseñaba que Estados Unidos no tenía amigos o enemigos permanentes sino solo intereses. De los 10 socios comerciales más importantes de la Argentina, Milei se encargó de agredir las relaciones exteriores con su mayoría. Con Brasil y China ni hablar. Lo rechazó a Lula y se niega a hacer negocios con comunistas. Con Chile hay enfrentamientos con Boric y ahora este lamentable enfrentamiento con España. 4 de 10 es un muy buen comienzo.

Dejo para el final, una interesante reflexión de Loris Zanatta: Pareciera que Milei no está interesado en reintegrar a la Argentina al mundo occidental, sino que, aunque parezca grotesco, piensa en modelar a occidente a imagen y semejanza de su Argentina. Es un cruzado de una guerra civil ideológica.

Para concluir, la Argentina no necesita un RIGI para unos pocos, sino un RIGI para todos aquellos que “con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…” (preámbulo de nuestra Constitución Nacional). O dicho en el lenguaje libertario; “Viva la libertad carajo, pero para todos, todas y todes”.