Plan Municipal de Pavimentación Urbana: Rada Tilly finalizó varias cuadras
“Reforma laboral o marketing político: la diferencia entre cambiar una ley y cambiar un sistema”
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
¿Qué proponíamos hace unas semanas atrás?
Hace unas semanas atrás publiqué un editorial donde a partir de algunas sospechas, proponía con claridad que una reforma laboral moderna debe cumplir condiciones estructurales, no cosméticas:
A) Trabajo sobre un diseño sistémico
Mi idea es que el sistema laboral argentino está sostenido por tres leyes madre (LCT, asociaciones sindicales, convenios colectivos). Si esas tres normas no se reescriben con criterio, nada cambia de verdad.
B) Modernización sin precarización
Aquí, mi eje conceptual fue muy claro: “Modernizar no es flexibilizar; es adaptar instituciones para incorporar nuevas formas de trabajo sin expulsar a nadie.”
C) Sindicalismo plural, transparente, democrático
Mi tesis, planteaba que el problema no es eliminar sindicatos, sino volverlos representativos, transparentes, auditables y sometidos al voto.
D) Negociación colectiva multinivel
En mi propuesta, plantee convenios marco + sectoriales + empresa + acuerdos regionales, con un Consejo Federal y un Observatorio Digital.
E) Nueva institucionalidad: flexiseguridad, fondos de transición
Lejos de pretender eliminar indemnizaciones, mi propuesta fue simplemente reemplazarlas por un sistema moderno, con seguridad social universal, formación continua, movilidad asistida.
F) Un nuevo contrato de trabajo del siglo XXI
Sigo sosteniendo que la principal obligación de una reforma es incorporar a todos aquellos trabajadores que hoy están fuera de la ley, tales como trabajadores híbridos, plataformas, freelancers económicos dependientes, teletrabajo, autonomía regulada.
En conclusión, una visión sistémica, donde debemos alinear los tres pilares del derecho del trabajo, sino cualquier otra reforma puede generar ruido jurídico, pero no modernización real.
¿Qué propone la “nueva ley laboral” de Milei?
El proyecto divulgado hasta ahora por los medios periodísticos apunta principalmente a:
A) Cambiar indemnizaciones por fondos de cese
Pero sin rediseñar completamente el sistema. De este modo, se produce una suerte de sustitución financiera, no una reforma de estructura.
B) Modificar jornada, horas extras y banco de horas
Es un cambio operativo, funcional, pero sin nuevo modelo institucional.
C) Flexibilizar negociación colectiva
Pero sin crear un sistema multinivel: simplemente debilita la ultraactividad y empuja a convenios de empresa.
D) Salarios dinámicos y remuneración por productividad
Sin redefinir el contrato de trabajo, sin nuevas categorías jurídicas.
E) Tope o rediseño de indemnizaciones
Otro mecanismo financiero para bajar litigiosidad.
F) Casi ninguna innovación sobre:
- plataformas
- trabajo híbrido
- sindicalismo democrático
- transparencia gremial
- federalización laboral
- nuevas formas de colaboración
- formación continua obligatoria
- seguridad social universal
- transición laboral
Dicho de otro modo, el proyecto ataca síntomas, no estructura. Claramente el proyecto del Gobierno parte de un slogan: “Reducir costos laborales = generar empleo”. A diferencia de ello, sigo sosteniendo que el problema no es el costo, sino la informalidad estructural, el anacronismo jurídico, la incapacidad de absorber nuevas formas de trabajo, la falta de pluralismo sindical y la rigidez de la negociación colectiva.
El proyecto Milei ni menciona la inteligencia artificial, el empleo de plataformas, la economía colaborativa, los contratos híbridos, las profesiones autónomas dependientes, el teletrabajo transfronterizo y la economía digital. En fin, el proyecto flexibiliza sin proteger.
El proyecto del Gobierno no toca en materia sindical, casi nada. Ignora las reelecciones indefinidas, balances poco claros, financiamiento sindical, pluralismo democrático, representatividad genuina y democratización real.
El proyecto del Gobierno no rediseña el contrato: solo modifica conceptos periféricos. Podríamos decir que lo que Milei propone no es una reforma laboral: es un ajuste del régimen indemnizatorio + flexibilización marginal.
La Argentina tiene una larga tradición de confundir reformas laborales con gestos políticos. Cada cambio de época trae su propio repertorio de anuncios ruidosos, diagnósticos instantáneos y soluciones mágicas. Lo hemos visto una y otra vez: cuando la política no quiere discutir el sistema, discute el precio de la indemnización. Y cuando no quiere revisar el modelo sindical, inventa un slogan sobre la “modernización”.
La nueva ley laboral que impulsa el Gobierno vuelve a recorrer ese camino ya transitado. La pregunta es simple: ¿estamos ante una reforma laboral o ante un ejercicio de marketing político? La respuesta, por desgracia, es evidente.
Porque una reforma laboral auténtica —seria, integral, contemporánea— no es un conjunto de parches administrativos ni un grito de guerra contra sindicatos o tribunales. Una reforma laboral de verdad es una reescritura estructural de las instituciones que regulan el trabajo. Es técnica y política al mismo tiempo. Es diálogo y conflicto. Es diseño institucional, no oportunismo electoral.
El proyecto del Gobierno no es eso. No rediseña el sistema: lo rodea. No moderniza el derecho del trabajo: acomoda algunos bordes. Cambia los costos, pero no cambia las reglas. Ajusta mecanismos, pero no cambia la arquitectura. Y cuando la arquitectura está en ruinas, cambiar una ventana no convierte a la casa en nueva.
Una reforma laboral real debería abarcar, al menos, tres dimensiones esenciales. La primera: el corazón del sistema normativo.
La LCT, la ley sindical y la ley de convenios colectivos fueron diseñadas para un país industrial, homogéneo y centralizado. El proyecto del Gobierno no toca esa estructura. Modifica la indemnización, flexibiliza horarios, altera la ultraactividad, pero no se anima a reconstruir el trípode del que depende todo lo demás. No propone un nuevo contrato de trabajo para un mundo laboral que ya no existe. Sólo recicla viejas recetas, como si el siglo XXI pudiera resolverse con decretos de los años 90.
La segunda dimensión: el sindicalismo. Nada dice el proyecto sobre democratización, transparencia, reelecciones indefinidas, financiamiento, pluralismo real. No hay una palabra sobre cómo recuperar legitimidad. La discusión no es si hay que debilitar sindicatos, sino cómo hacerlos representativos en serio. La reforma oficial evita ese debate: es más fácil discutir indemnizaciones que discutir poder.
La tercera: el futuro del trabajo. Economía digital, híbrida, autónoma, colaborativa. Plataformas, freelancers, profesionales con dependencia económica. Teletrabajo transfronterizo. Inteligencia artificial. Formación continua. Movilidad laboral. Ninguna de estas palabras aparece en la nueva ley. La Argentina discute un sistema laboral del siglo XX como si el siglo XXI fuera un rumor distante. Pretende modernizar el trabajo sin comprender cómo cambió el trabajo.
Por todo eso el proyecto del Gobierno es, en el mejor de los casos, una reforma parcial; y, en el peor, un retroceso. Es ajustar piezas sueltas de un sistema que ya no funciona, sin detenerse a reconstruir la lógica que lo sostiene. Es flexibilizar sin proteger, desregular sin diseñar, anunciar sin transformar.
Reformar el derecho del trabajo exige más coraje que eso. Exige sentar a todos los actores alrededor de una mesa, aceptar que cada uno deberá ceder algo y entender que no se trata de destruir el sistema, sino de reconstruirlo. Exige reescribir el pacto laboral argentino con criterios de pluralismo, seguridad, innovación y equidad. Exige una reforma sistémica, no un panfleto electoral.
La modernización laboral no se hace bajando indemnizaciones, sino actualizando instituciones. No se logra castigando al trabajador o al empresario, sino equilibrando las tensiones de un mercado laboral que cambió para siempre. No se trata de imponer, sino de consensuar. No se trata de flexibilizar, sino de ordenar. No se trata de marketing: se trata de Estado.
Por eso, la verdadera reforma laboral aún no comenzó. Porque para modernizar el trabajo hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hoy se está haciendo: abandonar los slogans y volver a la técnica. Dejar el marketing y volver al derecho. Y, sobre todo, entender que ninguna reforma laboral será válida si no mira de frente al único protagonista que nunca fue invitado a esta discusión: el trabajador real, el de carne y hueso, el que necesita menos discursos y más instituciones.
