Ola Rada Tilly 2026 consolidó una propuesta integral con más
Lo bueno, lo malo y lo pendiente
Balance político y económico de un año marcado por un cambio de rumbo en la Argentina y por un contexto internacional convulsionado. Avances en materia fiscal y macroeconómica, tensiones persistentes y reformas estructurales aún inconclusas que condicionan el escenario de 2026.
El 2025 pasará a la historia como un año de sorprendentes cambios. No sólo por lo que ocurrió en la Argentina. Esta vez también tienen una alta incidencia las transformaciones que se están dando en el mundo como consecuencia de los abruptos cambios de estrategia que viene impulsando Donald Trump. Ante semejante torbellino de novedades son muchas las dificultades para trazar un balance sintético, completo y equilibrado de todo lo que pasó durante el año.
Lo bueno
El hecho más trascendental es el aval explícito de la gente, a través de su voto, al equilibrio fiscal y las reformas estructurales. Mientras que hasta no hace mucho, el ajuste fiscal era un planteo considerado “políticamente incorrecto”, las transformaciones en la sociedad argentina llegan a tal nivel que los votos fueron en apoyo de la austeridad en el manejo del Estado. Que la “motosierra” le haya ganado al “Estado presente” es un hecho de enormes impactos.
Apoyado por este cambio de visión en la sociedad, durante el 2025 se mantuvo el quiebre respecto a un pasado caracterizado por los crónicos déficits fiscales. Esta es una plataforma imprescindible para avanzar hacia la estabilidad de precios y el orden macroeconómico, pilares básicos para el desarrollo. Falta mucho, pero ya se perciben logros concretos con alto impacto positivo sobre la calidad de vida de la gente, como es la baja en la inflación y, asociado a ello, la reducción en la intensidad de la pobreza.
Por supuesto que a lo largo del año sucedieron muchas otras cosas positivas. Por lo inédito del hecho y el momento en que se dio, se destacan los acuerdos con los Estados Unidos. Lo más relevante en lo inmediato es el alivio para las tensiones cambiarias y el apoyo para enfrentar los vencimientos de la deuda externa. Pero por las oportunidades y desafíos que generan, también cuentan como tema muy relevante los acuerdos comerciales y, derivado de ello, las posibilidades de atraer inversiones.
Lo malo
Probablemente el indicador que mejor sintetiza y refleja los aspectos negativos que se dieron durante el 2025 sea la resistencia a la baja del riesgo país. Es cierto que en su explicación interactúan una multiplicidad de factores y muchos de ellos trascienden el 2025. Pero resulta muy paradójico que Argentina tenga un riesgo país muy superior al de países con situación fiscal y de deuda mucho más vulnerable. El tema tiene alta trascendencia porque hasta que la Argentina no recupere el acceso al crédito voluntario se mantendrá la incertidumbre sobre las posibilidades de cumplir regularmente con los pagos de la deuda.
La exagerada subordinación de la política cambiaria al objetivo de bajar la inflación rápidamente es un factor que contribuyó a la resistencia a la baja del riesgo país. Pero también inciden cuestiones políticas. La combinación de una gran debilidad en el Congreso con déficits de gestión política llevó a una sucesión de derrotas que permitieron el avance de iniciativas de la oposición que son percibidas como indicios de que, más allá de la voluntad del gobierno, el equilibrio fiscal no está garantizado.
Entre los aspectos negativos también aparece el modo en que se está encarando la apertura comercial. El problema no es la apertura en sí misma, sino su timing. Avanzar en una mayor exposición a la competencia externa cuando la economía arrastra serios déficits de competitividad —costos laborales no salariales elevados, baja productividad, infraestructura insuficiente y un Estado que sigue operando con ineficiencias estructurales— implica asumir riesgos innecesarios. En estas condiciones, la apertura tiende a impactar primero sobre la producción local y el empleo formal, alimentando cierres de empresas e informalidad. El riesgo es que los costos sociales de esta secuencia mal calibrada terminen erosionando el respaldo político a las reformas, cuando lo que se necesita es exactamente lo contrario: consolidar apoyos para un proceso de transformación más profundo y sostenible.
Menos mencionado pero no menos relevante en el inventario de los aspectos negativos aparecen los déficits en la gestión pública. Luego de muchos años de desidia, la degradación en el sector público es generalizada y la falta de una estrategia consistente para revertirla, en particular tener equipos con capacidad para manejar y transformar los diferentes organismos públicos, genera dudas sobre la sostenibilidad del equilibrio fiscal. Si bien hubo mejoras puntuales de alto impacto, en general prevaleció la desatención. Esto se paga con más gasto público y riesgos de situaciones conflictivas.
El caso de la discapacidad es muy ilustrativo. De manera arbitraria se congela el nomenclador de honorarios de los prestadores y se instrumenta un plan de auditorías bajo la amenaza de suspender beneficios. Acciones tan rudimentarias y carentes de empatía generaron rechazos y conflictos judiciales, además del avance de una ley deficiente en el Congreso. La respuesta oficial terminó reflejando más impotencia frente a errores de gestión que avances reales en la solución del problema.
La calidad de la gestión pública también es clave para los ingresos. La ley de inocencia fiscal introduce la declaración simplificada de Ganancias, delegando en ARCA el cálculo del impuesto. La pregunta central es si el organismo está en condiciones de asumir correctamente esa función. De no ser así, el riesgo es la generación de nuevas fuentes de evasión.
Lo pendiente
El equilibrio fiscal, avalado por una parte significativa de la sociedad, es el principal factor que condiciona el 2026. Reduce sensiblemente el riesgo de crisis, pero no alcanza para justificar una visión eufórica. Persisten importantes barreras para que el proceso derive en un crecimiento sostenido.
Las reformas estructurales pendientes, la definición del régimen monetario y cambiario y la mejora de la competitividad son desafíos de enorme magnitud. A esto se suma la necesidad de consensos políticos más amplios y el rol de las provincias, que complejiza aún más el escenario.
La última gran incógnita es la gestión pública. Si se consolida la improvisación o si se avanza hacia equipos profesionales acordes al desafío, será determinante para el rumbo de 2026. Se disiparon los riesgos de una nueva crisis y hay fundamentos para la esperanza, pero todavía no para las certezas.
