AJUSTE TARIFARIO DE GAS Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA ENERGÉTICA: ASÍ IMPACTARÁ EN NUESTRO PAÍS
Distribuidoras y transportistas de gas de todo el país han solicitado aumentos en un promedio del 500%, e incluso alcanzando hasta un 700% en casos extremos como Metrogas.
Tras la conclusión de las audiencias públicas convocadas por el gobierno nacional hace aproximadamente dos semanas, en el marco de la declaración de ‘emergencia energética’ en el sector de energía y gas, algunas de las distribuidoras y transportistas más importantes ya están solicitando una serie de aumentos en las tarifas que promedian el 500%.
Tenemos como ejemplo el caso de la distribuidora Camuzzi Gas del Sur, en la Patagonia, quienes solicitaron un aumento del 543,6%, específicamente para la ciudad de Comodoro Rivadavia. También existen casos más extremos como el de la distribuidora MetroGas, la cual llegó a solicitar aumentos que impactan en un 700% en las tarifas.
En este contexto, el gobierno nacional busca poner fin al esquema de segmentación tarifaria, reemplazándolo por una Canasta Básica Energética, que comenzaría a regir a partir de abril del 2024.Esta propuesta plantea incluir gas y electricidad dentro de la misma canasta, determinando el consumo mensual por cantidad de MMm3 o kWh.
El objetivo de esta Canasta Básica Energética es implementar un sistema más justo para garantizar el consumo básico energético a los usuarios residenciales que lo necesiten en función de sus ingresos. Se sumarán los ingresos de todos los convivientes y el Estado subsidiará aquellos hogares que no lleguen a cubrirla.
Además, la CBE estará regida por zona bioclimática: es decir que las tarifas tendrán un costo diferenciado según las distintas regiones y los tipos de consumos a lo largo del país.
La segmentación actual se mantendrá hasta el 1° de abril de 2024, cuando entre en vigor el nuevo esquema de subsidios, previa audiencia pública.
De esta manera, el gobierno nacional busca establecer un índice para actualizar mensualmente las tarifas de las empresas transportistas y distribuidoras de gas.
¿Cuál es la situación actual del sector energético en el país?
El sector se encuentra en una situación comprometedora y delicada, marcado por la desinversión, el desfinanciamiento y el riesgo de desabastecimiento. Esto implicó que sea el Estado el que deba ponerse al hombro la tarea de invertir en infraestructura, pero lo hizo de una manera ineficiente y tardía.
¿Cuál es la respuesta del gobierno actual?
La nueva propuesta se basa en cinco pilares fundamentales para buscar hacer frente a la crisis energética:
- Determinar los ingresos totales del Grupo Conviviente en una unidad familiar.
- Determinar una “canasta energética básica” (electricidad+gas), que cubra las necesidades básicas e indispensables de las personas, la cual se determinará en una cantidad de MM3 o kwH/mes que sería el máximo de lo que se considera subsidiable.
- A los fines de determinar la canasta básica, se establecerán tipos de consumos en distintas zonas del país.
- Contrastar el costo de esas cantidades con el ingreso del grupo conviviente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso subsidiando la diferencia. “
- El subsidio que otorgará el Estado tendrá lugar en los casos en los que el precio de la canasta básica energética supere un % determinado de los ingresos totales del Grupo Conviviente.
¿Qué ocurrirá con la Ley de Zonas Frías?
La Ley Ómnibus propone, entre otras cosas, la eliminación de los Fondos Fiduciarios, lo cual tiene un impacto directo en lo que se conoce como “Ley de Zonas Frías”, ya que implica la eliminación de este subsidio que es fundamental para zonas como la región patagónica.
Tengamos en cuenta que este subsidio representa el 50% de las tarifas de los consumidores de las zonas más frías del país. Si se eliminase y se implementase la CBE, el subsidio pasaría a regir únicamente para aquellas familias o personas de los sectores más vulnerables.
La eventual eliminación de dicho subsidio plantearía un nuevo obstáculo para la aprobación de la Ley Ómnibus, dado que tendría repercusiones directas en las provincias patagónicas y los costos de sus servicios.
Así, habrá que evaluar cómo se implementará la nueva propuesta del gobierno nacional en materia energética, teniendo en cuenta la crisis que afecta al sector y su recaudación, y, por ende, a la garantía de la prestación de los servicios. Siempre teniendo en cuenta que, sin dudas, el aumento propuesto en las tarifas por parte de las distribuidoras y transportistas de energía y gas tendrá un impacto significativo en los bolsillos de los argentinos.
