Ley de Defensa de la Soberanía: Costa advirtió sobre posibles conflictos constitucionales en el capítulo penal
Especial para InfoSur
Adán Costa, abogado constitucionalista, en diálogo con InfoSur Radio, que se emite por Petroleros Jerárquicos, analizó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno al Congreso y puso el foco en las modificaciones penales incluidas en la iniciativa. A su entender, algunas de las conductas contempladas presentan una formulación demasiado amplia y podrían entrar en conflicto con el principio constitucional de legalidad.
El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre y forma parte de la estrategia anunciada por el Gobierno nacional frente al avance de la explotación hidrocarburífera en el área de las Islas Malvinas.
La iniciativa tiene un alcance considerablemente mayor a la cuestión petrolera: incluye modificaciones sobre explotación de recursos naturales, un Sistema de Seguridad Nacional, protección de infraestructura crítica, espacios marítimos y aeroespaciales, reformas a la Ley de Defensa Nacional y disposiciones relacionadas con la denominada influencia extranjera indebida.
El punto que Costa considera más conflictivo
Durante la entrevista, Costa aclaró que su principal preocupación no está puesta en el objetivo declarado de defender la soberanía argentina sobre Malvinas, sino en determinadas herramientas incorporadas al proyecto.
“Hay un punto que es verdaderamente de difícil aprobación desde la perspectiva constitucional”, señaló.
El constitucionalista centró su análisis en las modificaciones al Código Penal y particularmente en las conductas vinculadas con acciones desarrolladas por cuenta o bajo financiamiento extranjero.
El texto del proyecto contempla, entre otras figuras, penas de cinco a doce años para quien, por orden o financiamiento de un Estado u organización extranjera, realice actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. También alcanza, bajo determinadas condiciones, la promoción o financiación de actos de violencia o sabotaje.
Costa cuestionó la amplitud con la que, según su interpretación jurídica, están formuladas algunas de estas disposiciones.
“El gran problema es que, del modo que está redactado, es un tipo penal abierto”, sostuvo.
El principio de legalidad
Costa explicó que el derecho penal exige que las conductas susceptibles de recibir una sanción estén definidas con suficiente precisión.
Relacionó ese requisito con el principio de legalidad, que limita la posibilidad de que una persona sea perseguida penalmente por una conducta que no haya sido previamente determinada por la ley.
“Las conductas tienen que estar bien tipificadas para saber efectivamente si estamos incurriendo o no en un supuesto del Código Penal”, explicó.
Desde su interpretación, una formulación excesivamente abierta podría otorgar un margen demasiado amplio al momento de determinar qué comportamiento queda comprendido por una figura penal.
Costa sostuvo que ese análisis debe hacerse no solamente a partir de la Constitución Nacional, sino también del sistema internacional de derechos humanos con jerarquía constitucional y de los antecedentes jurisprudenciales existentes.
Su evaluación constituye una interpretación jurídica sobre un proyecto que recién comienza su recorrido parlamentario y cuyo articulado puede sufrir modificaciones durante el debate legislativo.
Un proyecto que excede la cuestión Malvinas
La iniciativa presentada por el Ejecutivo tiene como uno de sus principales objetivos endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes sin autorización argentina.
En materia de hidrocarburos, por ejemplo, contempla penas de entre 12 y 15 años para determinadas actividades de prospección o exploración sin autorización y sanciones mayores para la extracción, transporte o almacenamiento.
El Gobierno sostiene que la iniciativa busca utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para fortalecer la defensa de la soberanía y los recursos argentinos, particularmente frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion.
Costa diferenció ese objetivo general del análisis constitucional que, a su criterio, debe realizarse sobre cada una de las herramientas propuestas.
El debate sobre los límites
El constitucionalista consideró que la discusión deberá atravesar distintas instancias.
Una será estrictamente jurídica y estará relacionada con la constitucionalidad de las disposiciones. Otra será política y parlamentaria, ya que Diputados y Senado podrán introducir modificaciones durante el tratamiento.
Costa planteó además un tercer elemento: el papel que eventualmente tendría el Poder Judicial frente a la aplicación de las nuevas figuras penales.
“Un juez no tendría duda alguna si se afecta en este caso el principio de legalidad”, afirmó al expresar su propia interpretación sobre el articulado.
Y agregó: “Eso es un derecho que tenemos los ciudadanos: que si se nos juzga una conducta, esa conducta tiene que estar correctamente tipificada”.
El proyecto recién inicia ahora su recorrido en el Congreso. El Ejecutivo pidió darle prioridad a su tratamiento, mientras que el alcance de sus disposiciones —desde las sanciones por explotación de recursos en Malvinas hasta las nuevas herramientas en materia de seguridad e influencia extranjera— anticipa una discusión que irá más allá del reclamo histórico de soberanía.
