La crisis de las prestaciones que protegen la vejez

La crisis de la seguridad social: Seguridad social ambulancia o seguridad social universal. La necesidad de una discusión seria y gradual. No hay espacio para la motosierra.

El titular de la ANSeS, Mariano de Los Heros, pronunció la peor frase de la semana: “la caída del poder de compra de las jubilaciones y pensiones es una “sensación”.

Salvo que el funcionario viva en Marte o piense que todos los argentinos somos estúpidos, la cruda realidad de nuestro país es precisamente todo lo contrario desde hace ya varios años y con distintos gobiernos. Tanto es así que los haberes jubilatorios acumulan una caída promedio del 45% en los últimos 7 años, sin importar quién gobierne. Para menos, este Gobierno mantuvo congelado el bono de hasta $ 70 mil al valor de marzo pasado y seguirá congelado hasta desaparecer. Por ese motivo, el Gobierno vetó la ley de jubilaciones aprobada por el Congreso y eliminó de la fórmula de movilidad toda referencia a los salarios, a la recaudación o al crecimiento de la economía. Si esto no es licuación de las jubilaciones, ¿qué es?

Para colmo el Gobierno confirmó también que no habrá una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo del 2025, que le permitía acceder a la jubilación a aquellas personas que tienen la edad reglamentaria (o están cerca de cumplirla), pero no tienen los 30 años de aportes que exige la ley. Nuevamente el titular del Anses, Mariano de los Heros, informó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que el Poder Ejecutivo no tenía previsto extender ese programa.  Si esto no es motosierra para acceder a una jubilación, ¿   qué es?

Para darnos una idea del mega ajuste programado, hoy las moratorias son la gran puerta de entrada de los mayores al derecho de la jubilación. De los 5 millones de jubilados del sistema nacional, 3,3 entraron por esta vía; el 66%. De este modo, no solo se pulverizó el haber jubilatorio, sino  que, además, nadie se jubilará en la   Argentina del futuro. Solo tendrán esa suerte, 3 de cada 10 que accedan a la edad.

Nadie duda que es necesario comenzar a reconceptualizar la seguridad social con miras a afrontar los enormes desafíos que presentará el siglo XXI, para lo cual comenzaría preguntándome qué es hoy en día el servicio público de la seguridad social, para qué debe servirnos y a quiénes debe proteger, qué seguros debe contener y qué prestaciones en dinero o especie otorgará, pero sobre todo habrá que definir cómo debe ser financiada. En cualquier caso, más temprano que tarde deberemos pensar en todo ello para salvar el sistema nacional de seguridad social antes de que colapse por completo. Sin embargo, la solución no puede dejar fuera del sistema a todos, debe ser gradual y por escalones etarios. Sino la  motosierra será insoportable en una   Argentina que tiene 53% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. No olvidemos que seguridad social son jubilaciones y pensiones, pero también salud pública, asignaciones familiares y prestaciones al desempleo y la pobreza. Acaso no era que el ajuste lo iba a hacer la casta? Solo diré a modo de adelanto de mi conclusión, que Milei tiene las cosas bien definidas: abandonar las políticas sociales universales por políticas sociales ambulancia. No es malo, sino conceptual y particularmente no sé si los argentinos votamos ese cambio.

La crisis de la seguridad social es indudable e inocultable y no es problema nuevo. La seguridad social en Argentina nació en el primer cuarto del siglo XX y ya en el último cuarto del mismo siglo se encontraba en una crisis absoluta. Veamos si podemos analizar el estado actual del sistema despojándonos en buena medida de diversos factores ideológicos, políticos y económicos, que siempre complican el análisis, no nos dejan ver la verdad de lo que pasa, en particular las variables demográficas y sanitarias que claramente han cambiado entrado el siglo XXI.

Comencemos diciendo que la seguridad social tiene sus raíces en los esfuerzos por proteger a los trabajadores y ciudadanos de los riesgos sociales como la enfermedad, la vejez, la invalidez, el desempleo, y la pobreza.

En la Antigüedad y durante la Edad Media, es decir, durante más de 25 siglos, no existió ninguna respuesta del Estado a los riesgos sociales descriptos más arriba, salvo rudimentarios intentos de protección social, generalmente basados en la caridad de las comunidades, la ayuda mutua entre gremios o la protección ofrecida por la Iglesia. Dicho esto, debemos admitir que la seguridad social es un concepto moderno que existe desde hace muy pero muy poco tiempo, aunque para nosotros existió toda la vida.

La seguridad social moderna surge en el contexto de la Revolución Industrial en Europa durante el siglo XIX, cuando el aumento de la pobreza urbana y las condiciones de vida de los trabajadores fabriles se convirtieron en un problema social importante. Hasta aquí no existía ninguna protección contra la enfermedad, la vejez, la invalidez, el desempleo y menos aún frente a la pobreza.

Uno de los hitos clave en la historia de la seguridad social ocurrió en Alemania bajo el liderazgo del Canciller Otto von Bismarck. En la década de 1880, Bismarck implementó una serie de seguros sociales que buscaban ofrecer una protección básica a los trabajadores alemanes, con un seguro de Enfermedad (1883); luego con un Seguro de Accidentes de Trabajo (1884) y un Seguro de Vejez e Invalidez (1889). Estos programas sentaron las bases de los sistemas de seguridad social moderna, que luego imitaron el resto de los países europeos y luego se trasladó a América.

Después de la Primera Guerra Mundial, el impacto económico y social del conflicto llevó a muchos gobiernos a expandir aún más la protección social. Así lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos, en 1935, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países ampliaron sus sistemas de seguridad social en el marco del estado del bienestar y posteriormente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promovió la idea de la seguridad social como un derecho humano básico, más precisamente en 1952, la OIT adoptó el Convenio sobre la Seguridad Social (Normas Mínimas), que fue un marco clave para la expansión de estos derechos. A diferencia de lo que piensa Milei, la comunidad internacional decidió que donde hay una necesidad, nace un derecho.

En la Argentina el concepto de seguridad social comenzó con la creación de las primeras leyes laborales y de protección social a principios del siglo XX, comenzando con algunos trabajadores como los ferroviarios y los empleados públicos. En 1921 se sancionó la primera ley de jubilaciones para empleados del Estado. Sin embargo, fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón, entre 1946 y 1955, donde la seguridad social adquirió un carácter más universal y se transformó en un derecho social. En 1944 se creó el Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) y en 1949 la Constitución incluyó el derecho a la seguridad social. Y durante las décadas de 1960 y 1970, el sistema de seguridad social se expandió, aunque también fue en esa época donde comenzaron a evidenciarse problemas estructurales, como el envejecimiento de la población y la creciente inflación que afectaba el poder adquisitivo de las jubilaciones.

Ya en la década de 1980, la crisis económica y la hiperinflación afectaron gravemente al sistema de seguridad social, lo que llevó a una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, circunstancia que provocó las reformas estructurales de los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem, que introdujo una reforma estructural del sistema de pensiones, instaurándose un sistema mixto: un pilar de reparto (gestionado por el Estado) y un pilar de capitalización individual (gestionado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones – AFJP).

Si bien la idea de Menem fue reducir el déficit previsional y hacer el sistema más sustentable, la privatización parcial generó controversias y desigualdades que provocaron el retorno al sistema de reparto (2008), bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. De este modo se eliminó el sistema de capitalización individual y se nacionalizaron los fondos de las AFJP, retornando a un sistema de reparto administrado por el Estado, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Al cambio del sistema de reparto administrado por el Estado, se le sumó la ampliación de la cobertura previsional, permitiendo a personas que no cumplían con todos los años de aportes acceder a jubilaciones a través de moratorias, concluyendo con la total quiebra del sistema de financiamiento.

En la actualidad, la seguridad social en Argentina, en tan solo menos de 80 años desde que fue creada, está en una absoluta quiebra económica financiera a lo que se agregan otros varios desafíos, como la necesidad de financiamiento sustentable frente a una población envejecida, la informalidad laboral que limita las contribuciones, y la búsqueda de equilibrio entre un sistema justo y un esquema fiscalmente viable.

Uno de los problemas más graves que enfrenta el sistema, lo anuncia Naciones Unidas: la esperanza de vida supera actualmente los 75 años en la mitad de los países del mundo, 25 años más que en 1950 cuando se creó en Argentina. Es más, para 2030 se prevé que el número de personas mayores supere al de jóvenes en todo el mundo, y que este incremento sea más rápido en los países en desarrollo. Sin embargo, lo más interesante del dato es que hoy un jubilado tiene una expectativa de vida entre 20 y 30 años más desde su jubilación.

El dato demográfico es importante, para comenzar a separar dos conceptos: “vejez” y “viejos reales”. La vejez es una etapa de la vida como cualquier otra, como la niñez, la juventud y la adultez. Pero qué significa hoy?

El tema central que se abordó en el XX Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría celebrado en Mar del Plata fue precisamente ese análisis, en especial la extensión de la esperanza de vida, de modo que al momento de jubilarse la persona tiene por delante 25/30 años o más, cosa que no ocurría 40 años atrás.

Hace menos de 30 o 40 años, la persona se jubilaba y se dedicaba, por ejemplo, a cuidar nietos o a realizar tareas pasivas, mientras que hoy la vejez es la etapa del curso vital que puede ser la más activa de todo el camino, superando a la adolescencia o adultez. Esta diferencia es fundamental a la hora del diagrama del sistema. Ahora la gente va teniendo otra visión de qué hacer con ese tiempo liberado de las obligaciones, donde muchos cada vez encuentran más espacios donde seguir creciendo y desarrollándose. Es más, en la actualidad hay muchísimas ofertas pensadas para este público desde turismo, salidas en grupo, talleres, cursos, instituciones de todo tipo, etc.  Todo cambi   ò en muy poco tiempo.

Advierto, en todo este tema, una enorme contradicción entre “vejez” y “vejez real”, ya no desde el punto de vista físico o desde la expectativa de vida, sino desde la sostenibilidad de la seguridad social, que es un asunto medular dentro de la problemática general que afronta cualquier nación, en nuestro caso el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales. Dicho de otro modo, cuales deberían ser hoy los nuevos límites para el  sostenimiento de la seguridad social en la   Argentina? No lo sé, pero deberíamos discutirlo con seriedad desprovistos de los debates ideológicos, políticos o meramente económicos.

Ningún gobierno hasta ahora se ha hecho la pregunta y mucho menos aún han diagramado una respuesta. El tema de la sostenibilidad presente y futura de este servicio público depende de la búsqueda de un nuevo diagrama adecuado, que propugne un cambio gradual en toda nuestra seguridad social, sobre la base de los problemas estructurales, económicos, demográficos y, fundamentalmente, de empleo que ponen en crisis su sostenibilidad a largo plazo.

El primer punto es la transición demográfica en Argentina, con una mayor esperanza de vida y una tasa de natalidad en descenso, que viene generando una creciente presión sobre el sistema de seguridad social. Esta nueva realidad crea un desbalance en el esquema de reparto, donde los aportes de los trabajadores actuales financian a los jubilados.

El segundo problema es la informalidad laboral, limitando las contribuciones al sistema de seguridad social, ya que muchos trabajadores no realizan aportes regulares.

El tercer problema, es el desempleo y precarización del empleo. Ello afecta profundamente el nivel de aportes y la capacidad del sistema para financiar adecuadamente a los jubilados.

El cuarto problema es la sostenibilidad fiscal, puesto que hoy el sistema depende casi exclusivamente de transferencias del Tesoro Nacional para cubrir los déficits que genera.

El quinto problema han sido las moratorias previsionales implementadas en los últimos años que han permitido a personas que no completaron los aportes necesarios acceder a la jubilación. Si bien no es malo ampliar la cobertura del sistema, el problema es cómo financiarlo. Aquí la puja es entre compatibilizar la justicia social con la sostenibilidad financiera.

Todo esto, más la maldita inflación crónica que afecta a la economía argentina provocó una enorme erosión en el poder adquisitivo de las jubilaciones, que se transformaron en una “prestación de subsistencia que está muy lejos de la canasta básica que delimita la pobreza”.

La única respuesta a estos problemas ha sido la implementación de fórmulas de movilidad que ajustan las jubilaciones en función de la inflación y el crecimiento económico, cuyos ajustes siempre quedaron rezagados frente al aumento del costo de vida, manteniendo vigente la gran mentira:   las jubilaciones y pensiones son una sustitución del salario en actividad.

Sin embargo, lo que propone el gobierno de Milei es simplemente

“motosierra” y “licuadora”. La primera, pretendiendo eliminar de golpe las moratorias de aquellos que cumplieron la edad, pero deben aportes, evitando el ingreso de nuevos jubilados o incluso analizando subir la edad jubilatoria. La segunda, el profundo ajuste que produce la licuación de los haberes, congelando aumentos, eliminándolos a futuro, etc. Es decir, el combo se transforma en un brutal mega ajuste que supera a las reformas del Menemismo por mucho y solo tiene en mira su plan macroeconómico de estabilización y nada más. 

Está claro que cualquier reforma destinada a mejorar la sostenibilidad del sistema previsional, como el aumento de la edad jubilatoria, la eliminación de moratorias o la reducción de beneficios, requieren en primer lugar un rediseño real del sistema, pero lo más importante es que requieren un mínimo consenso social y fundamentalmente parlamentario. O acaso  pensará el   Gobierno que su rediseño será por DNU y resistiendo al   Congreso con su poder de veto?

Realizada esta aclaración, debemos reconocer que el financiamiento del sistema, lejos de ser un problema argentino, afecta a todas las naciones. Históricamente el financiamiento en general se ha repartido en todo el mundo entre las siguientes fuentes:

1. Las cotizaciones de los empleadores y trabajadores como principales recipiendarios del servicio.
2. Las aportaciones públicas del Estado, ya sea mediante impuestos con afectación específica o no, o bien a través de subsidios fiscales.
3. Los rendimientos obtenidos de las inversiones de los activos financieros del seguro social operador de este, en los modelos de capitalización colectiva.
4. Los gastos privados directos, tales como las primas de seguro de cada ramo asegurado, los ahorros voluntarios efectuados por los interesados para adquirir a futuro mejores pensiones.

Ahora bien, frente a esta crisis mundial de todos los sistemas de seguridad social en el mundo, ¿qué están pensando muchísimos Estados para paliar esas fuentes de financiamiento? ¿Acaso no sería importante aprender de ellos? Veamos sintéticamente en qué consiste la propuesta más difundida entre las naciones:

• Un primer nivel, público, abierto, de tipo asistencial, que será financiado vía impuestos generales. Es un “primer escalón” de acceso a la seguridad social, que es también conocido como la “asistencia social de la seguridad social”. Todo ser humano tiene derecho a ella por el solo hecho de envejecer. Esa prestación ya está contemplada en nuestro país. Solo habría que revisarla.
• Un segundo nivel, también público, aunque éste es específico y obligatorio, típico del tradicional modelo de reparto o fondo común solidario, que es costeado mediante cuotas o aportes de seguridad social de índole tripartito (a cargo de empleadores, trabajadores y el Estado), inexorablemente ligados por ahora al empleo formal o regulado. Esta sería la jubilación clásica que conocemos, pero desenganchada de la sustitución del salario en actividad. Ya no aportamos más para tener un ingreso equivalente a lo que percibíamos en actividad. Aquí estaría el nudo central de la futura reforma, donde solo el consenso nos arribará a buen puerto.
• Un tercer nivel, complementario, generalmente de índole voluntario y que dependerá del ahorro individual de cada uno. Acá es donde tendría cabida el capital privado.

Obviamente, cada uno de estos niveles apunta a distintos sectores de la población, según sus ingresos. En todos los casos hay un desenganche casi absoluto con otro concepto que va quedando en el pasado:   las jubilaciones  y pensiones deja   n de ser un “sustituto del salario que percibía el trabajador” en actividad. Esta idea ya es aceptada por casi todo el mundo. En el primer nivel, es una prestación social de subsistencia, que deberá definir un ingreso mínimo sobre parámetros más o menos objetivos; en el segundo caso, una prestación que depende del sistema de recaudación e inversión de los aportes y contribuciones sea capitalización colectiva o reparto, pero que nada tiene que ver con el nivel de salario que el trabajador tenía en actividad; y por último, el tercer nivel, que depende exclusivamente del ahorro del trabajador durante su actividad, si es que desea hacerlo.

Solo de esta forma, podremos regresar a la universalidad del sistema, cuyo recipiendario natural del servicio público de la seguridad social no es un trabajador subordinado, sino la persona humana sin distingo de ninguna especie sea ciudadana o no, labore subordinadamente o no, sea sujeto productivo o no. A cada cual el sistema le asegura, conforme a su situación personal una prestación social diferente desenganchada del nivel de ingreso de la persona en actividad.

Por último, aunque la idea parezca interesante, debemos reconocer que una reforma estructural de esta naturaleza requiere, además del consenso parlamentario y social, de algo más: gradualidad. Por eso nada de esto puede hacerse por decreto y menos aún con motosierra y licuadora. Precisamente por esta razón pienso con cierta objetividad que a Milei no le interesa la seguridad social como sistema universal, sino simplemente como una política social “ambulancia” que solo debe responder ante la urgencia. Si bien no lo dice, lo está haciendo. La seguridad social para él es simplemente un gasto más que debe ser ajustado para mantener la estabilidad macroeconómica. No es casual que, además del ajuste al sistema jubilatorio, también se esté desfinanciando el sistema de salud y licuando prestaciones contra desempleo y pobreza.

Sería interesante que el Gobierno entienda seriamente el problema y acuda al estudio de lo que está haciendo el resto del mundo sin abandonar el objetivo inicial: protección contra la enfermedad, la vejez, la invalidez, el desempleo y la pobreza. Sino lo hacemos simplemente nos seguiremos mintiendo y provocaremos la quiebra absoluta de todo el sistema, que hoy mantiene una ilusión más que una respuesta.