Automatización de la Justicia

Por Mariel Suárez

Abogada especialista en derecho penal, Jueza Penal.
Experta en Derechos Digitales.
Triple Magister Cibercrimen Ciberseguridad y Perito Informática Forense.
Profesora invitada en Universidades extranjeras, autora de publicaciones varias.

Los Poderes Judiciales del mundo se modernizan. Sin duda que uno de los factores relevantes en este proceso, es la incorporación de tecnología a favor de los derechos del hombre. Por ejemplo, las audiencias orales para desarrollarse necesitan un software específico y un soporte magnético de calidad y que sea seguro, respaldado con ordenadores de avanzada. Otro ejemplo, puede ser si se pretende implementar el expediente electrónico, como factor de modernización de la justicia, la meta debe ser el uso de papel cero, no puede existir un doble soporte de esa información, electrónico y papel, porque son irreconciliables entre sí y el uso de papel ya no es económico, genera falta de espacio y por sobre todas las cosas, una grave vulneración de los derechos de los justiciables, a quienes les cuesta encontrar los documentos de su interés.

Por supuesto que todo ello, requiere en principio de mentalidades avanzadas, que concreten esta implementación y, lógicamente, una buena inversión económica.

Cuando digo mentalidades avanzadas, me refiero puntualmente a quienes integran el poder judicial, tanto es su esfera administrativa como jurisdiccional, que acepten esta vía de modernización, que se capaciten para su utilización y que no le tengan miedo a la tecnología que es lo que habitualmente pasa y que contribuye a ralentizar su implementación.

Demás está decir que se requiere, que el Poder Judicial en cuestión, asuma, que es un ente que maneja datos personales sensibles, que esta alcanzado por la ley de protección de datos, al igual que cualquier institución pública o privada que maneje datos personales, de salud, la imagen, etc,, e implemente o desarrolle sistemas  informáticos fuertes, con el necesario y adecuado respaldo de los datos  para evitar ataques y en consecuencia robo de datos.

Otro mecanismo de modernización en la justicia es la utilización de herramientas con IA. Veamos, por ejemplo, software que recopilen leyes y casos anteriores y en base a ellos, te den una respuesta equilibrada sobre cómo resolver el caso, o incluso lo resuelvan.

En Argentina, este tipo de sistemas de resolución o dictado de resoluciones con IA, comenzó a utilizarse en el año 2017 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en el Ministerio Público Fiscal de allí, órgano encargado de perseguir e investigar los crimines. La modernización estuvo promovida por Gustavo Corvalan, quien diseño el software PROMETEA, el que se implementó para hacer resoluciones de mero trámite en casos simples. Ocurre que esta implementación aceleró el desempeño de aquel órgano, y en vez de tardar más de 3 meses en resolver una cantidad determinada de casos, los mismos se han resuelto en apenas 7 días, mil casos en 7 días. Simplifica el trabajo de tal forma, que le permite a los operadores avocarse a otros casos de compleja resolución.

En Brasil, en Minas Gerais, durante el año 2019 una jueza sentenció en al menos 400 casos con un solo click.

La justicia de Rio Negro implementó recientemente el uso de IA en el fuero contencioso administrativo y dictaron 6 mil resoluciones, desconociendo el tiempo que les insumió ello y el que se ahorraron.

Ahora bien, sabemos que los softwares o programas que usan IA y que la propia IA, son algoritmos, operaciones de lógica matemática, desarrollada por los humanos, y los humanos muchas veces somos prejuiciosos, tenemos sesgos. Se ha descubierto por parte de investigadores en base a denuncias realizadas por diferentes víctimas, que la IA discrimina, también tienen sesgos, los que usamos para programarla. Entonces: ¿Qué derechos tenemos frente a las resoluciones dictadas con IA cuando nos sentimos afectados por ella? El más importante de todos, es el derecho a la revisión humana y el segundo más importante a conocer como se desarrolló ese algoritmo, ese programa. Lo que ocurre por ejemplo si usaran IA en las cámaras de la ciudad para ponernos una multa de tránsito. Tendríamos derecho a saber cómo se desarrolló ese software que reconoce nuestra patente, derecho a saber si el software es el legal, si está vigente y quién y cómo lo programo, todo ello para que la multa sea válida.