ALBIÓN

Adán Costa. Abogado. Profesor universitario de Historia, Políticas Públicas y Filosofía (UCU-UNR). Trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y es presidente de la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe

Los celtas eran antiguos pueblos de origen indoeuropeo quienes realizaron un viaje épico hacia las islas británicas, hace alrededor de dos mil quinientos años, llenando esas tierras de su cosmovisión de un mundo espiritual conectado con la naturaleza, como también su talento por la metalurgia, el manejo del hierro en el arte de la guerra y en la joyería, la belleza de su música y su lengua poderosa. Dominaron ese territorio hasta cuando Roma decidió ampliar el suyo, construyendo el conocido muro del Adriano en el año 122, como símbolo de su poder de imperio. Uno de los primeros nombres que recibió Gran Bretaña, deviene, precisamente, de la confluencia de la lengua celta (proto-indoeuropea) y la romana (proto-itálica) en “albus” que significa albo, blanco, relativo al alba. “Albión” es una transformación generada por la consternación de los antiguos romanos que les provocaba el intenso color de sus ampulosos acantilados costeros.  Cuando hoy se viaja por “ferry” desde el continente europeo por el Paso de Calais, lo que primero que se aprecia de Inglaterra después que se despeja la bruma. es un color tan blanco que enceguece, proveniente de sus acantilados de la ciudad de Dover.

Después de los romanos, vinieron las sangrientas invasiones de vikingos y normandos, hasta que en el siglo XVI, ya como anglosajones, hicieron de su carácter insular una ventaja decisiva, desarrollando como pocos su Marina de guerra, involucrándose en todos los conflictos armados del continente europeo por temor a volver a ser invadidos. De invadidos pasaron a ser invasores. Bajo la divisa latina “divide et impera” derrotaron imperios y se apoderaron como nadie antes  por la vía de la política, de la intriga, de la guerra y de la economía del mayor número de territorios y pueblos alrededor del mundo. Fue en los campos de Waterloo, el 18 de julio de 1815, cuando Napoleón, vencido por la coalición liderada por Inglaterra, que incluía Rusia, Prusia, Sajonia, España, Suecia y los Países Bajos, acuñó el peyorativo “la Pérfida Albión” para sus vencedores ingleses.

En 1932, el Reino Unido de Gran Bretaña organizó en la ciudad canadiense de Ottawa una reunión con representantes de sus colonias con el objetivo de planificar su comercio exterior se firmaron acuerdos por los cuales el Imperio Británico y sus dominios se comprometían a incrementar el comercio dentro de este grupo de países, a establecer y/o aumentar las barreras arancelarias sobre productos extranjeros, fijando cuotas máximas para la introducción de cualquier producto. Así, el Reino Unido aplicó lo que se puede denominar “preferencia imperial”, y en lugar de adquirir materias primas de Argentina, se las compraba a Canadá, Australia o Nueva Zelanda, lo cual produjo entre los exportadores argentinos de carne un gran revuelo.

Ante esta situación, gobernaba la Argentina Agustín P. Justo[1], en medio de la conocida “Década Infame”,  fiel representante de una oligarquía pastoril-ganadera que no concebía el régimen económico del país por fuera del eje agropecuario y de la égida del mercado británico. Envió a Londres a su vicepresidente, Julio Roca (hijo) para negociar algún tipo de acuerdo. El hijo del zorro Roca, dando muestras de un servilismo característico de los gobiernos oligárquicos y conservadores, terminó firmando a través de “Pacto” una situación muy desventajosa para el comercio argentino, aceptando exención de impuestos sobre los productos británicos, el compromiso de no permitir la instalación de frigoríficos argentinos ya que los ingleses tendrían el monopolio del comercio de la exportación de carnes. El Reino Unido se comprometía a seguir comprando carnes argentinas en los mismos volúmenes que en 1932, es decir unas 390.000 toneladas. Argentina por su parte liberó el impuesto sobre 350 productos británicos, también entregaba el 85 % de las ventas de carnes al exterior a frigoríficos británicos y norteamericanos, y el restante 15 % quedaban en manos argentinas, pero no podían participar en el mercado exportador. Asimismo para cumplir con los requisitos del nuevo status anglo-argentino, el gobierno argentino nombró una comisión integrada por representantes de tres poderosos consorcios financieros anglosajones (Baring Brothers, Leng Roberts, y Morgan) con el objeto de que elaboraran junto con abogados y técnicos del país empleados de las empresas de la “Pérfida Albión”, el nuevo régimen bancario y monetario su sometimiento, que ya venía arrastrando mediados del siglo XIX, con el Imperio Británico.

Aliados oligárquicos locales y prepotencia imperial fue la convergencia eficaz con la cual fue engendrado el conocido Pacto “Roca-Runciman”. Arturo Jauretche, con su sabiduría popular, lo caracterizó como el “Estatuto Legal del Coloniaje”. Recién pudo ser desarticulado por Perón el 25 de marzo de 1946,  en la ley de nacionalización del Banco Central y la de depósitos bancarios, en el marco de sus políticas en materia de soberanía económica-financiera. Sin embargo, el “Estatuto legal del Coloniaje” reaparece con todas sus fuerzas con José Alfredo Martínez de Hoz, en el año 1977, en medio de la genocida Dictadura Cívico-Militar, con el dictado de la ley de entidades financieras, que, aún después de 46 años, 40 de los cuales fueron en democracia, sigue diseñando el sistema financiero argentino. Ya no estaba la égida inglesa en juego, pero si su sucedánea norteamericana, especialmente después del denominado “Consenso de Washington” a partir de la última década del siglo XX.

Desde esta matriz de proceso histórico local y geopolítico necesariamente deben ser leídos los dispositivos culturales que se están desplegando de modo rimbombante a partir del gobierno que se inició en la Argentina el 10 de diciembre de 2023. Dispositivos culturales que tienen que ver con la lapicera del Poder Ejecutivo hecha ley como “Decreto de Necesidad y Urgencia” número 70/23, con una potente justificación en lo político-cultural, lo comunicacional y lo algorítmico. Y con los trámites legislativos de un primer proyecto denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, retirado de la Cámara de Diputados en febrero de 2024, pero reinsertado en la misma Cámara en abril de 2024, con un articulado más acotado. Al igual que el pacto “Roca Runciman” que fuera firmado un 1ero. de mayo de 1933, se sabe que estos proyectos de ley no fueron elaborados por legislador o funcionario nacional alguno, sino por estudios jurídicos y financieros que responden a intereses de corporaciones de la economía concentrada.

Hoy se está discutiendo en el Senado argentino la media sanción que le falta para hacer ley el proyecto oficial sobre “Ley de Bases”. Un capítulo, denominado “Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones” (RIGI), se promueve para generar certidumbre jurídica a la inversión extranjera, pero que encuentra anclaje en la tradición que venimos describiendo en nuestras líneas. Es real la restricción externa en dólares que tiene nuestro país en los últimos quince años. Y es real que las inversiones en dólares requieren de seguridad jurídica para establecerse. Pero desde una política nacional que sea atractiva para la inversión y a su vez tenga en cuenta los intereses de nuestro pueblo se requieren de dos condiciones indispensables: que la inversión pague impuestos y que impulse el desarrollo productivo local.

Ninguna de estas dos condiciones se establece como requerimiento legal. Al contrario, se otorgan rebajas impositivas que llaman la atención. Se reduce diez puntos porcentuales la alícuota del impuesto a las Ganancias. Se bajan los impuestos a los capitales concentrados y se los suben a los trabajadores. Las retenciones se bajan a cero. Se elimina el llamado impuesto al cheque. Y ni siquiera se grava el giro de dividendos. Llama la atención que las empresas que ya están operando no piden tanto como se está concediendo. Con este nuevo estatuto legal se está promoviendo la extractividad de la actividad minera (como ya se establece con los monocultivos agrícolas), dejando al pueblo sin desarrollo y con pasivos ambientales enormes. La Pachamama llora.

La “Pérfida Albión”, bien puede ser Inglaterra, los Estados Unidos o la China, pero en realidad representa un comportamiento de coloniaje que opera en las dirigencias en la Argentina, con sus altos y bajos, pero que se han mantenido casi desde su organización institucional. 

La Argentina del monocultivo de soja con su renta concentrada en pocas manos; con los servicios estratégicos privatizados y los recursos naturales en manos de la economía concentrada; su mar territorial depredado por británicos, españoles, japoneses, chinos, rusos, taiwaneses y coreanos; más de 1.639.000 km2 de nuestro Atlántico Sur dominado por británicos; los puertos y comercio exterior privatizados y nuestros bienes minerales metálicos y raros sujetos a los criterios impuestos desde las casas centrales de empresas multinacionales y con un régimen legal que se talla a sus medidas. Este es un país que también necesitamos poder ver y transformar para que el bienestar sea concretamente para todos.

[1] https://revistazoom.com.ar/estatuto-legal-del-coloniaje-pasado-y-presente/