Risso cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares y advirtió sobre su posible inconstitucionalidad
Especial para InfoSur
Antonella Risso, especializada en cambio climático, en diálogo con InfoSur Radio que se emite por 106.1 Petroleros Jerárquicos, analizó el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares y advirtió que el texto impulsado desde el Senado presenta serias inconsistencias jurídicas que podrían derivar en una ola de denuncias por inconstitucionalidad.
La especialista señaló que, tras el tratamiento en la Cámara alta, la expectativa se trasladó a Diputados, donde el debate continúa en medio de cuestionamientos tanto por el contenido del proyecto como por el proceso legislativo.
“Hay sectores que ya son conscientes de que este texto se va a llenar de denuncias, porque choca con el derecho vigente”, explicó.
En ese sentido, remarcó que la discusión ya no se limita a una cuestión ideológica o de posicionamientos ambientales, sino que involucra aspectos técnicos y jurídicos centrales.
“El problema no es solo qué se quiere hacer, sino cómo está escrito el proyecto. Hay problemas legales de base”, sostuvo.
Uno de los puntos críticos que mencionó es el intento de reabrir debates que ya fueron saldados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación con la constitucionalidad de la ley vigente.
Según explicó, existen antecedentes claros donde el máximo tribunal ratificó la validez de la normativa, lo que vuelve inconsistente volver a plantear esos cuestionamientos.
“Se está discutiendo algo sobre lo que la Corte ya falló. Eso es lo que no se entiende”, afirmó.
Risso también cuestionó la solidez de los argumentos presentados por algunos sectores que impulsan la reforma, particularmente desde provincias con fuerte actividad minera.
“Hubo exposiciones muy flojas en términos técnicos y jurídicos”, señaló.
Uno de los cambios más relevantes que introduce el proyecto es la modificación del sistema de inventario de glaciares, que actualmente está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
La propuesta apunta a otorgar a las provincias mayor poder para determinar qué áreas deben o no ser consideradas dentro del inventario, lo que —según Risso— implica un riesgo significativo.
“Lo que buscan es sacar a la ciencia del medio y permitir que las provincias definan, con informes propios, qué es relevante y qué no”, explicó.
En la práctica, esto podría habilitar la exclusión de zonas protegidas sin un respaldo científico validado, lo que debilitaría los estándares actuales de protección ambiental.
“Si una provincia decide que un área no es relevante y se la saca del inventario, automáticamente deja de estar protegida”, advirtió.
Para la especialista, este cambio rompe con uno de los principios fundamentales del derecho ambiental argentino: los presupuestos mínimos de protección, establecidos en la Constitución Nacional.
“Se están rompiendo los pisos comunes de protección ambiental, que son la base del sistema”, sostuvo.
Además, cuestionó la falta de criterios científicos homogéneos en la propuesta, ya que cada provincia podría aplicar metodologías distintas sin validación internacional.
“La ciencia funciona con revisión de pares. No podés reemplazar eso con informes administrativos sin control”, explicó.
Otro de los ejes del debate es el concepto de federalismo, que —según Risso— está siendo utilizado de manera incorrecta para justificar cambios en la normativa.
“Se invoca un falso federalismo. Es cierto que los recursos son de las provincias, pero las reglas ambientales básicas deben ser comunes para todo el país”, señaló.
En ese marco, recordó que los glaciares no son sistemas aislados, sino que forman parte de cuencas hídricas que atraviesan varias provincias, lo que hace aún más necesario un enfoque integral.
“No podés decidir sobre la naciente de una cuenca sin considerar lo que pasa aguas abajo”, explicó.
La abogada también hizo referencia al contexto ambiental más amplio, marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos.
En ese sentido, advirtió que la discusión sobre la Ley de Glaciares no puede desvincularse de estos procesos.
“Estamos viendo problemas concretos con el agua, con el calor, con los incendios. No es una discusión abstracta”, indicó.
Además, planteó que el país enfrenta un déficit en materia de políticas públicas vinculadas al cambio climático, especialmente a nivel provincial.
Mencionó, por ejemplo, la ausencia de leyes específicas o estructuras institucionales en algunas jurisdicciones, como Chubut, que permitan abordar de manera integral estos desafíos.
“Todavía hay mucho por hacer en términos de planificación y prevención”, sostuvo.
Finalmente, Risso advirtió que la aprobación del proyecto tal como salió del Senado podría abrir la puerta a nuevas modificaciones en otras leyes ambientales.
“Sabemos que después viene la ley de bosques. Por eso es clave lo que pase con esta norma”, planteó.
En ese contexto, el debate sobre la Ley de Glaciares se consolida como un punto clave dentro de la agenda ambiental argentina, con implicancias que van más allá de una norma específica y que ponen en discusión el modelo de desarrollo y el rol del Estado en la protección de los recursos naturales.
