¿Puede avanzar un juicio político contra Javier Milei?

Por Delfina Celichini / LA NACIÓN

La crisis desatada por la participación de Javier Milei en la promoción de la criptomoneda $LIBRA tiene consecuencias aún impredecibles. Además de las denuncias en Comodoro Py, el bloque de Unión por la Patria impulsa el juicio político contra el Presidente, aunque sin respaldo del resto de las bancadas por ahora. En este contexto, las preguntas sobre el proceso de juicio político se instalan en el centro de la escena. ¿En qué casos aplica? ¿Cómo se pone en marcha? ¿Hay antecedentes de destitución por este mecanismo en la Argentina? LA NACION responde los principales interrogantes para clarificar cuál es la situación política actual y qué derivaciones concretas puede tener en el mediano plazo.

1- ¿Qué es un juicio político? ¿Puede escalar hasta esta instancia el criptogate?

El juicio político es el mecanismo institucional previsto por la Constitución para la remoción de los más altos funcionarios. Pueden ser sometidos a este procedimiento de control el presidente, la vicepresidenta, el jefe de Gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia. La eventual destitución es facultad exclusiva del Congreso de la Nación, que actúa como órgano encargado de evaluar la conducta de los implicados y determinar su responsabilidad.

El bloque de diputados de Unión por la Patria impulsa el juicio político contra Milei al considerar que el Presidente “participó de un delito de estafa cripto” y que se trata de un “escándalo sin precedentes”. Hasta ahora, no hay otras bancadas que se hayan pronunciado en este sentido. El Pro, que pidió explicaciones por lo sucedido y expresó su preocupación, ya anticipó que no está de acuerdo con promover un juicio político.

2- ¿Cómo es el proceso y qué mayorías se requieren?

La Cámara de Diputados es la encargada de dar el primer paso en el proceso de juicio político en la Argentina. Según el artículo 53, tiene la facultad exclusiva de acusar a las máximas autoridades del país “por mal desempeño o por delitos en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes”. Para que avance la acusación en el recinto, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los diputados presentes.

Si la Cámara baja aprueba la acusación, el Senado asume el rol de tribunal para definir el futuro del funcionario en cuestión. De acuerdo a los artículos 59 y 60 de la Constitución, los senadores deben resolver si lo destituyen e inhabilitan para ejercer cargos públicos, lo que exige nuevamente una mayoría de dos tercios de los presentes. Cuando el acusado es el primer mandatario, el Senado pasa a ser presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia, hoy a cargo de Horacio Rosatti.

3- ¿Qué rol tiene la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados?

La Comisión de Juicio Político opera como el primer filtro institucional del proceso. Su función central es analizar las denuncias presentadas para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un juicio político. Si el dictamen de la comisión es favorable, la acusación pasa al recinto, donde es necesario reunir una mayoría especial para enviarla al Senado, que tendrá la palabra final.

Para iniciar el análisis de admisibilidad de una denuncia, la comisión debe ante todo reunirse. Como el órgano lo preside actualmente Marcela Pagano, cuya titularidad desconoce el oficialismo, se presume que la diputada libertaria puede no recepcionar el pedido. En este escenario, el resto de los miembros tienen la posibilidad de autoconvocarse si alcanzan por lo menos tres firmas de las 31 de la comisión. Si aún así la presidencia posterga una convocatoria, la oposición podría hacer un emplazamiento durante el período ordinario de sesiones.

Una vez iniciado el análisis, los integrantes de la comisión tienen la potestad de citar a testigos, solicitar documentación oficial y llamar a los denunciados a que presenten su defensa. Es decir que, más allá del desenlace de la iniciativa de juicio político, es un proceso que tiene un impacto político, jurídico y mediático durante su desarrollo.

4- ¿Quiénes integran la comisión? ¿Qué postura tienen sobre un eventual juicio político a Milei?

La Comisión de Juicio Político está integrada por 31 miembros y, en su conformación actual, Unión por la Patria (UP) es la fuerza con mayor peso, con 13 bancas. Por detrás aparece Pro, con 5 representantes. Le sigue La Libertad Avanza (LLA), que cuenta con 4 diputados, mientras que la UCR, Encuentro Federal y los radicales de Democracia tienen 2 cada uno. Completan el reparto la Coalición Cívica (CC), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) e Innovación Federal (IF), con un legislador por cada bloque.

La presidencia de esta comisión permanece en una suerte de limbo. El año pasado, el oficialismo le quiso abrir el juego a Pagano, pero luego hubo marcha atrás. El presidente de Diputados, Martín Menem, decidió a último minuto suspender la reunión constitutiva de la comisión para impedir que la periodista asumiera. Sin embargo, con quorum reglamentario para sesionar, la comisión se conformó igual y, con el voto de la mayoría de los bloques opositores, la diputada se hizo cargo de la presidencia. No obstante, el oficialismo la desconoce.

Cómo votarían los miembros de la Comisión de Juicio Político

A favor:13

En Contra:17

Indefinidos:1

5- ¿Cuántas firmas se necesitan para dictaminar y cuáles son las chances de que se obtengan?

Se necesitan 16 firmas para habilitar un dictamen en la Comisión de Juicio Político. Es decir, la mitad más uno de sus miembros. UP cuenta, por ahora, con 13 voluntades, pero podría sumar apoyos si el Presidente y su entorno se rehúsan a brindar explicaciones sobre el criptogate.

El tiempo juega a favor del oficialismo: durante el período de sesiones extraordinarias, que termina el 21 de febrero, la comisión puede reunirse, pero no está habilitada a dictaminar sobre un tema que no fue incluido en el decreto de convocatoria. La oposición tampoco puede forzar un pedido de sesión especial.

Se prevé que el impulso opositor para discutir la factibilidad de un juicio político se inicie formalmente después de la apertura de sesiones del 1° de marzo. El oficialismo espera que en las próximas dos semanas el escándalo se desinfle y, con ello, se desarticule la jugada del kirchnerismo.

6- ¿Qué estrategia puede adoptar el oficialismo para frenar la avanzada opositora?

Los libertarios apostarán a la parálisis legislativa para evitar un duro revés en un año electoral. Utilizarán a su favor la opacidad en la designación de autoridades de la Comisión de Juicio Político y tratarán de estirar la posibilidad de que el órgano se reúna. Pero la maniobra no está exenta de riesgos: su negativa a dar explicaciones podría irritar a sectores más moderados, que entienden que un juicio político debe ser la conclusión de una investigación, no su punto de partida.En otras palabras, si Encuentro Federal, los radicales de Democracia y figuras clave de la UCR perciben que el oficialismo está vaciando de contenido su función de control y desoyendo sus reclamos de información, podrían terminar alineándose con Unión por la Patria.

7- ¿Qué antecedentes hay de una destitución por juicio político en la Argentina?

El único caso de destitución concreta ocurrió entre 2003 y 2004, cuando el Congreso, con impulso del kirchnerismo, destituyó a los jueces menemistas de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Se los acusó de presuntas irregularidades en sus fallos y de funcionar alineados con el expresidente Carlos Menem. Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López evitaron la remoción al renunciar antes del desenlace.

En 2001, durante el mandato del radical Fernando de la Rúa, la oposición impulsó su juicio político tras la represión del 19 y 20 de diciembre, pero su renuncia antes de que avanzara el proceso dejó el intento sin efecto.

El último empeño por destituir a jueces de la Corte ocurrió en 2023, cuando el kirchnerismo motorizó el juicio político contra los magistrados Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Se los acusó de impulsar fallos presuntamente favorables a la entonces oposición, fundamentalmente al macrismo. Si bien la Comisión de Juicio Político en Diputados avanzó con el proceso, no consiguió los votos suficientes para aprobar la acusación en el recinto.

8- De no prosperar el juicio político, ¿cuáles son las alternativas de la oposición?

Los bloques que no están alineados con el Gobierno, pero que buscan diferenciarse de la oposición extrema del kirchnerismo, optaron por pedir explicaciones al oficialismo. Los radicales de Democracia impulsarán la creación de una Comisión Especial Investigadora para determinar si el Presidente incurrió en una conducta que justifique una sanción. La iniciativa apunta a instalar un canal institucional antes de cualquier decisión sobre eventuales consecuencias políticas.

Dentro de Encuentro Federal, el bloque comandado por Miguel Ángel Pichetto, conviven diferentes posturas. Mientras que los socialistas Mónica Fein, Esteban Paulón y la cordobesa Natalia de la Sota impulsan el inicio de juicio político, Oscar Agost Carreño presentó un proyecto para que los funcionarios que puedan tener responsabilidades den explicaciones ante el Congreso. Solicitó la intervención del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; del presidente del Banco Central, Santiago Bausili; del titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “para que informen sobre los hechos relacionados con la promoción y posterior caída del valor del activo digital denominado $LIBRA».

La Coalición Cívica y el Pro por ahora no presentaron pedidos concretos en el Congreso, pero es probable que se sumen a las exigencias de información si la investigación no resulta independiente y rigurosa.