Presupuesto: el oficialismo analiza convocar a sesiones extraordinarias y negocia para sancionarlo con la nueva composición del Congreso

Ya iniciaron conversaciones con gobernadores afines y sectores opositores; podrían incluir en el temario las denominadas reformas de segunda generación, entre ellas la laboral y la tributaria.

Por Laura Serra / LA NACION

Envalentonado por el triunfo electoral del domingo último, el oficialismo inició negociaciones con gobernadores afines y sectores opositores para postergar hasta diciembre próximo la sanción del proyecto de presupuesto 2026 que envió el Poder Ejecutivo. El objetivo es que la ley se apruebe antes de fin de año pero con la nueva composición de ambas cámaras, que tendrá una mayor representación libertaria.

El problema que enfrenta el oficialismo es que, a instancias de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para que el 4 del mes próximo se emita el dictamen del proyecto. Su intención es asegurarse la sanción de la ley antes del cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso para evitar que el Gobierno prorrogue por tercera vez consecutiva el presupuesto 2023, una maniobra que le ha permitido administrar los recursos a discreción.

En el oficialismo juran que ya no tienen margen político para imponer una nueva prórroga del presupuesto; admiten que sería un pésimo mensaje a los mercados y a los acreedores internacionales. Sin embargo, sostienen que apurar la sanción de la ley, con modificaciones impuestas por una mayoría opositora en retirada, tampoco es una salida plausible.

Desconfiada, la oposición dura insiste en que se respeten los tiempos votados y que la semana próxima se emita dictamen. Sin embargo, puertas adentro de Unión por la Patria admiten que el escenario legislativo dio un vuelco después del triunfo libertario en las últimas elecciones y que los bloques que en su momento votaron el emplazamiento y que responden a los gobernadores podrían revisar su postura. Varios mandatarios provinciales salieron mal parados en su confrontación con los libertarios en los últimos comicios, los que los convierte en presa fácil de la Casa Rosada para negociar las leyes que se vienen, razonan.

En el oficialismo se evalúa, como gesto de buena voluntad, anunciar en los próximos días la convocatoria a sesiones extraordinarias a partir de diciembre para tranquilizar los ánimos desconfiados de la oposición. Todavía no está resuelto. Es el pedido del bloque de Encuentro Federal, que conduce Miguel Pichetto.

¿Habrá flexibilidad?

Además de los tiempos, otra cuestión a dilucidar es qué flexibilidad mostrará el Gobierno para aceptar los pedidos cambios que formule la oposición en el texto que envió el Poder Ejecutivo. Antes del domingo de elecciones el oficialismo hizo trascender que está dispuesto a negociar modificaciones siempre y cuando no alteren el resultado de superávit fiscal que estima el proyecto. Todavía no está claro si esta predisposición a la apertura que anunció se mantendrá después de su batacazo electoral.

“Debemos tener un Presupuesto con superávit fiscal que alcance para pagar los gastos corrientes, pero también los intereses de la deuda contraída, y que la Argentina siga en equilibrio –insistió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem-. Si no, esto no va a funcionar, vamos a ir directamente al veto. Así que esperemos que reine la racionalidad y sigamos en este esquema, que si hacemos las cosas bien vamos a tener un gran 2026″.

La discusión que se vendrá es si el oficialismo estaría dispuesto a pactar un menor superávit –en el proyecto prevé 1,5 punto del PBI- para robustecer ciertas partidas de la administración pública. La oposición insiste en que, antes de discutir los números finos, el Gobierno debería cumplir con las tres leyes que el presidente Javier Milei promulgó pero no aplicó: la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y los fondos para el hospital Garrahan.

A su juicio, estas tres leyes que el Gobierno se resiste a aplicar tienen un impacto fiscal de solo 0,5 del PBI. “Nuestra propuesta agrega una décima más (es decir, 0,1 del PBI) para asegurar la transferencia de los fondos a las cajas previsionales de las provincias no transferidas a la Nación y que este Gobierno no gira”, explicó Nicolás Massot (Encuentro Federal), vocero de la posición de los gobernadores de Provincias Unidas.

Sin embargo, no todos los gobernadores parecen dispuestos a extremar sus posiciones y mucho menos hacerlo en tándem junto al kirchnerismo. “Cada uno va a negociar por su lado con la Casa Rosada. Nosotros ya iniciamos el diálogo y lo único que nos preocupa es que nos cumplan”, deslizó un legislador de una provincia del norte que supo ser aliada del Gobierno.

Las reformas

Mientras que el Presupuesto sería el tema clave del temario de la convocatoria a extraordinarias desde el primero de diciembre, había quienes barajaban la posibilidad dentro de Gobierno de que se pudieran llegar a incluir algunas de las denominadas reformas de segunda generación, entre ellas la laboral y la tributaria.

En declaraciones radiales, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, adelantó: “Están trabajando hace un año en una agenda muy nutrida, importante, con los temas centrales que necesita Argentina para seguir desarrollándose, y están muy avanzados esos trabajos para ser presentados en el Congreso de la Nación».

En declaraciones a radio Rivadavia, Catalán agregó: “Intuyo que no esperaremos, conociéndolo al Presidente, no descansa en su afán de sacar a la Argentina adelante, así que intuyo que puede haber un llamamiento a extraordinarias“.