La llegada que nadie vio venir
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
El gemelo digital del Estado, las sociedades sin empleados, la inmobiliaria que se licua y la pregunta que nadie en la Argentina se anima a hacerse en voz alta
Hay una tentación cómoda y muy argentina que consiste en creer que lo que ocurre afuera llega aquí tarde, amortiguado, procesado por nuestra capacidad ancestral para demorar lo inevitable. Esa tentación es, a esta altura, una trampa mortal.
La inteligencia artificial no llegó a la Argentina a pedir permiso. Llegó por decreto, por mensaje presidencial en Twitter, por una reunión sin agenda en la Casa Rosada y por un proyecto de ley enviado al Congreso que, de aprobarse, le dará personalidad jurídica plena a empresas que no necesitan ningún ser humano para funcionar.
En este editorial intentaré contarles, tres cosas que están ocurriendo al mismo tiempo en este país y que juntas forman un combo que debería preocuparnos no por su novedad sino por su velocidad.
Primero, el Estado argentino está construyendo un gemelo digital de sus propios ciudadanos, con la sombra de una corporación de inteligencia artificial fundada con dinero de la CIA.
Segundo, el gobierno de Milei envió al Congreso un proyecto para crear la figura jurídica de la “Sociedad Automatizada”, una empresa que puede operar sin empleados y sin intervención humana.
Tercero, el mercado inmobiliario, uno de los empleadores informales más grandes del país, se está vaciando por dentro, corrido no sólo por la tecnología sino también por la desregulación que la acompaña.
Ninguno de estos tres fenómenos es independiente. Juntos forman la arquitectura de una transformación que la Argentina no está discutiendo con la seriedad que merece.
EL GEMELO Y EL DUEÑO DE LOS DATOS
El 22 de mayo de 2026, el presidente Javier Milei difundió en sus redes sociales un video institucional del Ministerio de Capital Humano. El mensaje era simple y ambicioso: la Argentina iba a construir un “Gemelo Digital Social”, un sistema de inteligencia artificial capaz de simular el comportamiento de la sociedad argentina, anticipar crisis, evaluar políticas públicas antes de implementarlas y optimizar la asignación de recursos del Estado.
El video decía, “ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA”, que varios especialistas notaron había sido generado él mismo por inteligencia artificial, incluyendo algunas faltas de ortografía.
La idea central, es la siguiente: reunir en un solo sistema las bases de datos de múltiples organismos del Estado —ANSES, ARCA, PAMI, RENAPER, educación, salud, seguridad social— y construir con ellas un modelo predictivo capaz de describir fenómenos sociales, detectar patrones y proyectar escenarios futuros.
El concepto de “gemelo digital” nació en la NASA para simular naves espaciales. El gobierno argentino pretende aplicarlo a sus propios ciudadanos.
El Estado ya no asiste, simula y predice. Y lo que predice, luego lo decide. Sin embargo, la pregunta que nadie formula con claridad es quién controla al que predice.
La ministra Sandra Pettovello lo presentó como un salto de paradigma, pasar “de la reacción a la anticipación”.
La frase suena muy bien. Sin embargo, el problema, como siempre en este país, está en los detalles que rodean al anuncio. Porque semanas antes de que el video circulara, el 23 de abril de 2026, Peter Thiel —cofundador de Palantir Technologies, uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley y declarado escéptico de que “la libertad y la democracia son aún compatibles”— se reunió en el despacho presidencial de Balcarce 50 con Milei y el canciller Pablo Quirno. Los periodistas acreditados fueron bloqueados. No se publicó ningún orden del día. La reunión no figuró en la agenda oficial. Todo muy raro.
Thiel y su empresa, Palantir Technologies, fue fundada en 2003 con financiamiento inicial de In-Q-Tel, el brazo de capital de riesgo de la CIA. Sus plataformas—llamadas Gotham y Foundry—son sistemas diseñados para conectar bases de datos que jamás fueron concebidas para comunicarse entre sí y extraer de esa conexión inteligencia operacional. En 2025, Palantir obtuvo un contrato con el Ejército de Estados Unidos valorado en diez mil millones de dólares a diez años para centralizar el manejo de software y datos. En paralelo, recibió cientos de millones de dólares en contratos públicos adicionales y desarrolló herramientas específicas para el ICE —el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Trump— orientadas al análisis masivo de información para operativos migratorios.
Thiel compró, en ese mismo abril, una mansión de doce millones de dólares en el barrio de Palermo. Se instaló semanas en Buenos Aires. Visitó después a los presidentes de Paraguay y Chile.
El servicio de gemelo digital es precisamente uno de los servicios que ofrece Palantir Foundry a los gobiernos. Desde el Gobierno, aseguran que el sistema será desarrollado con equipos técnicos propios y sin delegar su implementación integral en empresas privadas.
La abogada Betania Allo, especializada en ciberseguridad e inteligencia artificial, fue más directa: “Argentina no está preparada y este anuncio conlleva riesgos”, sentenció. Y el riesgo no es abstracto: En diciembre de 2025, SudamericaData filtró masivamente datos de ANSES y ARCA. En 2023, el PAMI había sufrido su propio ciberataque con exposición de datos médicos sensibles.
El resto de nuestras dudas, lo afirma la cronología:
Milei creó, por decreto del 2 de enero de 2025, la Comunidad Informativa Nacional, que concentra los datos del RENAPER, las migraciones, la aduana, la cancillería, los ministerios de Justicia y Seguridad, la regulación nuclear y la CONAE.
En enero de 2026, el DNU 941/2026 reformó la Ley de Inteligencia Nacional, amplió las obligaciones de los organismos públicos de producir y facilitar datos al sistema de inteligencia y creó la Agencia Federal de Ciberinteligencia.
En febrero de 2026, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo que habilita la transferencia de información sin barreras legales adicionales hacia empresas radicadas en territorio estadounidense. Thiel llegó en abril. El gemelo digital fue anunciado en mayo.
LA SOCIEDAD SIN EMPLEADOS
El 29 de mayo de 2026, mientras el debate sobre el gemelo digital aún transitaba las redes, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció en su cuenta de Twitter que “durante la jornada del día estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley General de Sociedades”. El ministro Federico Sturzenegger completó el mensaje con un detalle más que interesante: la reforma crearía una figura jurídica nueva llamada “Sociedad Automatizada”.
Una Sociedad Automatizada, tal como la define el proyecto, es una empresa que funciona de manera completamente autónoma mediante un algoritmo o inteligencia artificial, sin intervención humana en sus operaciones diarias. Puede desarrollar actividades comerciales para un tercero. Tiene personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada. Y puede operar, por definición expresa del texto, sin ningún empleado.
El proyecto también reconoce jurídicamente las DAO —Organizaciones Autónomas Descentralizadas—, entidades basadas en tecnología blockchain cuyas participaciones pueden estar representadas mediante tokens digitales. Se elimina la necesidad de definir un objeto social: cualquier actividad lícita vale. Se elimina la obligación del domicilio físico. Se habilita a las sociedades a someter sus conflictos al derecho extranjero y a resolver controversias fuera de la Justicia ordinaria mediante cláusulas arbitrales, en un modelo que Sturzenegger comparó explícitamente con Dubai.
Qué peligros encierra esto.?
En 2025, el Foro Económico Mundial proyectó que la inteligencia artificial desplazará noventa y dos millones de empleos globalmente para 2030. El propio CEO de Anthropic, Dario Amodei, formuló esa predicción: la IA podría eliminar la mitad de los empleos de nivel inicial en los próximos cinco años. En el primer trimestre de 2026, según la consultora RationalFX, se registraron a nivel global casi ochenta mil despidos en el sector tecnológico, de los cuales el 48,7 por ciento fueron directamente atribuidos a la adopción de IA. En ese mismo período, Meta, Oracle, Amazon, Atlassian, Pinterest y Crypto.com anunciaron recortes significativos de personal bajo el mismo argumento: la transición hacia estructuras basadas en automatización.
En Argentina, aunque parezca ciencia ficción, el 57 por ciento de los trabajadores ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en sus tareas diarias, según un estudio de Bumerán de 2026, dos puntos porcentuales más que el año anterior. El uso se duplicó en doce meses, en palabras de Francisco Scasserra de Michael Page.
Dicho de otro modo, la transformación no es una amenaza futura. Ocurre ahora, en oficinas de Buenos Aires, en estudios jurídicos de Córdoba, en consultoras de Rosario.
El Poder Judicial de la Nación, en febrero de 2025, lanzó su Asistente Virtual con IA mediante la Resolución 1486/2025, basado en GPT-4.1-nano de OpenAI. Mientras tanto, en octubre de 2025, la Cámara Penal de Esquel anuló una condena porque el juez olvidó borrar una instrucción de ChatGPT en el texto del fallo. Dos meses antes, en Rosario, un abogado citó jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial sin verificarla.
El experto Santiago Bilinkis afirmó que, en 2025, empresas como Meta, Microsoft y Google contrataron un 25 por ciento menos de recién graduados que el año anterior, la mitad de lo que contrataban en 2019. La mitad de los jóvenes, según el Foro Económico Mundial, cree que la IA redujo el valor de su título universitario.
En fin, para que se entienda con claridad. Si uno mira las primeras economías del mundo, la mayoría de las grandes compañías ya dejaron de contratar juniors en contaduría, derecho y economía. Es decir, el modelo educativo que formó a tres generaciones de clase media a través del título universitario como ascensor social puede estar formando, hoy, a la última generación para la que ese ascensor funcione.
LA INMOBILIARIA QUE DESAPARECE
El mercado inmobiliario argentino emplea, en su periferia, a cientos de miles de personas: corredores, asesores, gestores, administrativos, martilleros, tasadores. Son, en su mayoría, trabajadores independientes de mediana calificación que construyeron carreras en el tejido de un sector que parecía resistente a la automatización porque dependía de la confianza, del conocimiento local, de la intermediación humana.
En mayo de 2026, RE/MAX fue vendida por 880 millones de dólares a Real Brokerage Inc., una firma con fuerte base tecnológica cuyo modelo de negocios está construido sobre eficiencia digital, volumen y herramientas de IA aplicadas a la gestión inmobiliaria. Ese mismo mes, la mayor franquicia de RE/MAX en Argentina —Remax Suma, en Vicente López, con 250 agentes activos y más de 4.000 transacciones en 2025— decidió abandonar la red y crear su propia marca independiente.
Mientras tanto, el gobierno de Milei avanzó en la desregulación del sector. El ministro Sturzenegger anunció en un evento del sector la eliminación de la colegiación obligatoria para corredores inmobiliarios y la flexibilización de los requisitos para operar, eliminando las restricciones geográficas y la fijación de honorarios mínimos.
Lo expuesto, deja en pie de igualdad el asesor calificado y el algoritmo que lista propiedades, simula tasaciones, responde consultas en tiempo real y gestiona visitas virtuales. El algoritmo trabaja las 24 horas. No tiene vacaciones. No cobra comisión.
LO QUE NO SE DEBATE
El debate en la Argentina sobre inteligencia artificial es prácticamente nulo. Pareciera que a nadie le importara.
Por un lado, el gobierno presenta cada novedad tecnológica como un triunfo modernizador: el gemelo digital es un “cambio de paradigma”, la sociedad automatizada es “libertad de organización”, la desregulación inmobiliaria es “competencia”.
Mientras esto ocurra, la oposición formula pedidos de informes y advierte sobre la privacidad de los datos con una absoluta incapacidad para proponer ninguna alternativa estructural.
En el medio, estamos nosotros, como simples espectadores de una pregunta que nadie contesta: ¿quién paga el costo de esta transición, y quién decide cómo se distribuye?
Para que se entienda la gravedad de lo que estamos diciendo, bastan los siguientes ejemplos: la máquina de vapor tardó 61 años en generar crecimiento de la productividad. La electricidad tardó 32 años. Las computadoras e internet tardaron 15 años. La inteligencia artificial, según las estimaciones disponibles, tardará aproximadamente 7 años. La Revolución Industrial destruyó empleos durante décadas mientras el Estado construyó, lentamente, la regulación laboral que absorbiera el shock.
En la Argentina, este proceso “recién arranca” pero “las empresas se lo empezaron a tomar en serio desde 2024”. Las carreras universitarias que enfrentan una compresión de demanda ya no son las consideradas rutinarias. Son exactamente las que conformaron la clase media argentina: abogacía, contaduría, economía, historia, sociología. Las que ahora la IA hace mejor, más rápido y sin cobrar por ello.
El Congreso argentino tiene sobre la mesa al menos cuatro proyectos de ley sobre inteligencia artificial, ninguno aprobado.
La provincia de Buenos Aires aprobó, en noviembre de 2025, la primera regulación subnacional sobre IA aplicada al Estado, que establece reglas para el uso de sistemas algorítmicos en la administración pública y prohíbe aplicaciones de alto riesgo.
El Gobierno nacional, mientras tanto, avanza con más datos concentrados, menos controles, más apertura a corporaciones extranjeras que ofrecen plataformas ópticas que prometen eficiencia y que en el mundo real se llaman Palantir.
EL LABORATORIO
Existe un patrón que se repite en los países donde Palantir ha operado y que es útil conocer. En Estados Unidos, sus herramientas fueron usadas por el ICE para operativos migratorios masivos. En Israel, sus plataformas forman parte de la infraestructura de vigilancia militar. En Italia, en marzo de 2026, la fiscalía confirmó el uso del software espía Pegasus contra activistas y periodistas. En Londres, en mayo de 2026, el alcalde Sadiq Khan bloqueó un contrato de 50 millones de libras entre Scotland Yard y Palantir, citando fallas de privacidad y contratación opaca. La semana siguiente al bloqueo londinense, el gemelo digital argentino fue anunciado en Twitter con emoticones de cohetes.
La Argentina tiene una historia larga y específica con la centralización del poder sobre los datos de sus ciudadanos y la tentación de delegar en el exterior lo que no puede o no quiere construir internamente.
La inteligencia artificial no es el diablo ni es la salvación. Es, como toda tecnología genuinamente transformadora, un multiplicador de poder: potencia lo que ya existe, amplifica las desigualdades que no se corrigen y entrega a quienes controlan su infraestructura una capacidad de acción sin precedentes sobre quienes no la controlan.
Todos sabemos y vemos que el mundo empresarial argentino ya reemplaza puestos todos los días. No lo hace con anuncios sino con decisiones silenciosas de no renovar contratos, de no incorporar juniors, de resolver con un chatbot lo que antes requería una persona.
Nada de todo esto es malo. Sin embargo, su lógica debería por lo menos inquietarnos. Primero, porque los empleos que la IA destruye son exactamente los empleos de clase media que sostienen a sus ciudades intermedias; segundo, porque los datos que el Estado recolecta sobre sus ciudadanos, sus patrones de salud, de empleo, de consumo, de movilidad, van a nutrir modelos predictivos diseñados en otros países, para otros fines, con otras lógicas.
El gemelo digital del Estado argentino se anuncia como un cambio de paradigma. Pero un cambio de paradigma puede ser hacia adelante o hacia un lugar desde el que es muy difícil volver. La pregunta que la Argentina no está formulando con suficiente seriedad no es si la inteligencia artificial llegó o no llegó. La pregunta es quién la controla, a quién sirve, y cuánto de la soberanía sobre los propios ciudadanos está dispuesto a ceder un gobierno que llegó al poder prometiendo que iba a devolver libertad.
Ahora bien, desde la lógica del gobierno, probablemente no se vea como una política «contra sus votantes», sino como una apuesta a la productividad, la eficiencia y la competitividad futura. El argumento oficial sería algo así: si Argentina no adopta rápidamente la inteligencia artificial, las empresas automatizadas y los sistemas predictivos, quedará rezagada frente a otras economías.
El problema político aparece cuando los beneficios potenciales son difusos y futuros, mientras que los costos son concretos e inmediatos:
- El profesional junior que encuentra menos oportunidades laborales.
- El empleado administrativo cuya tarea es automatizable.
- El corredor inmobiliario que compite con plataformas digitales.
- El ciudadano cuyos datos pasan a formar parte de sistemas cada vez más integrados.
Históricamente, los gobiernos que impulsaron grandes transformaciones tecnológicas exitosas combinaron innovación con mecanismos de protección social, capacitación laboral y regulación. Cuando una de esas patas falta, aparece la sensación de que el Estado protege más a la tecnología que a las personas.
Visto así, la pregunta más provocadora no sea si el gobierno favorece a la IA, sino otra:
¿Por qué el gobierno que llegó prometiendo devolver libertad al individuo parece dispuesto a otorgar más poder a los algoritmos que a los ciudadanos?
