La Corte Suprema rechazó una queja del grupo Macri para apartar a dos jueces
Representantes de la firma intentaron desplazar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico por temor a parcialidad; el máximo tribunal desestimó el planteo.
Por Federico González del Solar / LA NACIÓN
La Corte Suprema rechazó este viernes un recurso de queja de Correo Argentino S.A -manejada por la familia del expresidente Mauricio Macri– con la que se intentaba apartar a dos jueces de la Cámara Federal porteña en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el acuerdo que alcanzó la firma con el gobierno de Cambiemos en 2016.
La decisión del máximo tribunal se dio una semana después de haber dejado firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad.
El presidente de Correo Argentino S.A, Jaime Cibils Robirosa, y su representante legal, Jaime Kleidermacher, ambos imputados en el expediente, recusaron a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico al sostener que ambos magistrados guardan una “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri” y que la causa, en general, busca “poner de rodillas” al expresidente.
El planteo fue primero rechazado por la Cámara de Casación con la decisión del juez Javier Carbajo, quien sostuvo que el temor de parcialidad no estaba fundado.
Tras ello, Robirosa y Kleidermacher fueron en queja ante la Corte, que se expidió ayer y rechazó el planteo por no referirse a una sentencia definitiva.
Unánime
“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello, se desestima la presentación directa”, dice la resolución firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.
En el expediente también están imputados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, y al extitular de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Manuel Mocoroa, por participar ambos del acuerdo firmado en 2016, que incluía la aceptación por parte del Estado de licuar el 98,87 por ciento de una deuda que la firma acarreaba desde su estatización en 1997.
El acuerdo de 2016 fue denunciado como “abusivo y ruinoso” por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, que debió revisar la propuesta de la firma que aceptó el ministerio de Comunicaciones.
