Estados Unidos proyecta poder en su vecindario cercano

Por Alberto Hutschenreuter
Doctor en Relaciones Internacionales. Ha sido profesor en la Escuela Superior de Guerra Aérea, en la UBA y en el Instituto del Servicio Exterior (ISEN). Su especialidad es la geopolítica. Su último libro, publicado por Editorial Almaluz en 2023, se titula «El descenso de la política mundial en el siglo XXI. Cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre».

Día tras día parece tensarse la cuerda de los Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela. A las operaciones marítimas lanzadas por Washington en el Caribe, donde se han desplegado capacidades militares superiores a muy poca distancia del territorio de Venezuela (e incluso incursionando en la Zona Económica Exclusiva de este país), se ha sumado la autorización presidencial para que la CIA despliegue operaciones encubiertas en ese país.

Estados Unidos basa sus decisiones y movimientos en la amenaza que implica la creciente oferta de los carteles de drogas, como asimismo en la existencia de un narco-régimen (el venezolano) cuyo propósito sería hacer llegar más droga al mercado norteamericano, el mayor consumidor de estupefacientes del mundo.

En este contexto, Estados Unidos considera que tal reto lo habilita para desplegar operaciones de injerencia unilateral, pero también la amenaza funge favorable para eventualmente lograr un cambio de régimen en el rico país caribeño, no tanto para liberar de la opresión al sufrido pueblo venezolano, sino para evitar que dicho régimen controle los depósitos y las nuevas reservas de hidrocarburos en la denominada Faja Petrolífera del Orinoco, como así para proteger sus intereses geoeconómicos en la rica zona en disputa del Esequibo. Es decir, «cuestiones habituales»: zona estratégica selectiva, recursos, régimen, socios zonales y extra zonales reluctantes y rivales de Estados Unidos, entre otros.

Desde esta lógica regular, la proyección de capacidades militares mayores en el Caribe se funda en una realidad geopolítica concluyente: Centroamérica y el Caribe son considerados desde Washington como un Mare Nostrum estadounidense, áreas a las que según los especialistas argentinos Fabián Calle y Roberto Russell hay que sumar Colombia y Venezuela (o parte de estos países), es decir, la zona ampliada o la “América del norte extendida” en términos de intereses de los Estados Unidos.

En gran medida, se trata de geopolítica sin mayores sorpresas, consideración que resulta por demás pertinente para corroborar que los poderes mayores o de clase mundial mantienen reservas sobre territorios que se hallan más allá de sus fronteras: zonas que se conocen como «zonas rojas» o «extranjero próximo», términos que se asocian a Rusia como consecuencia de lo que sucedió en 2022 en Ucrania y antes en Crimea, pero que son parte de ideas y prácticas impulsadas por poderes terrestres y marítimos de escala para amparar sus intreses y su seguridad nacional. Para estos actores, como los aludidos más China, India, Turquía, Israel, Brasil, Vietnam, entre otros, las cuestiones de derecho internacional son relevantes y respetables, sin duda, siempre y cuando no ocluyan las «leyes» no escritas de la geopolítica.

La aplicación de la fuerza en relación con lo que podemos denominar «intolerancia geopolítica», nos remite a no pocos casos del pasado, pero uno de los más notables fue la formación de una coalición de países liderada por Estados Unidos para expulsar a Irak de Kuwait en 1991.

La región del golfo Pérsico era un territorio de interés mayor para Estados Unidos (como lo sigue siendo hoy, si bien ya no depende de los recursos como entonces); por tanto, que una autocracia adversaria se hiciera con las riquezas de Kuwait (un aliado de Occidente) y posiblemente mucho más si continuaba la expansión hacia Arabia Saudita, era sencillamente inadmisible. El mismo secretario de Defensa Dick Cheney lo advirtió cuando sostuvo que jamás se permitiría que un actor como Irak pasara a controlar semejantes reservas.

Venezuela ofrece algunas similitudes con aquel Irak, cuyo líder evidentemente realizó una lectura regional y mundial desacertada en relación con las consecuencias de su invasión a la petromonarquía, al considerar que con el inminente fin de la Guerra Fría se le «permitirían» realizar reajustes geopolíticos con su vecino.

Es decir, se encuentra en un área selectiva estratégica y primaria de los Estados Unidos, es un país con recursos estratégicos, mantiene vínculos con otros actores refractarios y desafiantes (regionales y extra regionales) ante la potencia, es un Estado-arma y, finalmente, el régimen político encabezado por Nicolás Maduro mantiene lazos con carteles de drogas locales y zonales.

Con razón, se ha dicho que en Venezuela no se produce el poderoso opiáceo fentanilo; que es en México donde los carteles producen esta droga que está haciendo un daño enorme en Estados Unidos. Pero si bien ello es cierto, México no supone un actor irritante y retador de su principal socio comercial.

Con Trump en el poder, vuelven a tomar fuerzas las políticas relativas con el interés nacional primero, es decir, políticas que, según la amenaza percibida, pueden implicar acciones que lleguen a relativizar significativamente soberanías.

Es lo que sucedió tras el 11-S-2001, cuando la nueva geopolítica del terrorismo y su impacto en el territorio más protegido del mundo llevó a Estados Unidos a sostener un combate global contra el terrorismo transnacional. Entonces, la talla del poder del terrorismo llevó a que, en su combate, Estados Unidos prácticamente difuminara soberanías nacionales.

Hoy, salvando diferencias, está sucediendo lo mismo. Otro escenario, otro actor, pero el tema guarda cierta asociación, pues Washington habla de narcoterrorismo. Y como sucedió con la cuestión del terrorismo transnacional, si aquellos Estados en los que operan carteles y otros grupos criminales no pueden, no quieren o no saben cómo  resolver el reto, entonces Estados Unidos lo hará por ellos.

Los expertos no consideran un escenario de intervención inminente, es decir, una invasión, pero sí consideran un aumento cada vez mayor de acción y presión por parte de Estados Unidos, que podría implicar ataques a blancos e infraestructura militares, aguardando así que las grietas que desde hace tiempo existen en el  régimen militar-cívico se conviertan en fracturas que hagan insostenible su continuidad.

En cuanto a una eventual asistencia externa al régimen en caso de una intervención selectiva, es decir, ataques a centros determinados, sin duda que Rusia y China alzarán sus voces. Pero, más allá del establecimiento de salvaguardas o garantías en relación con activos geoeconómicos, particularmente chinos, difícilmente se verán efectivos militares de esos actores en el Caribe.

En breve, la operación antinarcóticos que lleva adelante Estados Unidos en el Caribe y más allá, parece cerrar cada vez más el cerco sobre el régimen encabezado por Nicolás Maduro.

Ambas cuestiones tienen lugar en un área de intereses selectivos de la mayor potencia mundial, es decir, un gran territorio que por múltiples cuestiones, desde sociales hasta recursos, escapa al alcance de cualquier sistema de normas que se proponga restringir el poder en las relaciones interestatales. Allí impera una Doctrina Monroe del siglo XXI, esto es, dirigida a demarcar alcances a los actores extra-continentales, pero también a las ambiciones y propósitos de los propios regional-continentales.